02 de septiembre de 2020
02.09.2020
La Opinión de A Coruña

Coronavirus Galicia | El TSXG avala las restricciones de la Xunta al ocio nocturno y a la hostelería a causa de los rebrotes

Tumba las pretensiones de los hoteleros de A Coruña, Lugo y Pontevedra que reclamaron su suspensión

02.09.2020 | 01:27
Un camarero trabajando en un local en Santa Cruz.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado negar la medida cautelarísima solicitada por hosteleros gallegos sobre la suspensión de las nuevas medidas de prevención del Covid-19 tras los rebrotes, entre las que figura el polémico cierre de discotecas y locales de ocio nocturno, así como el cierre de establecimientos de hostelería y restauración a la 01.00.

Las asociaciones de hosteleros de A Coruña, Lugo y Pontevedra solicitaron la semana pasada ante el alto tribunal la suspensión de las nuevas medidas que limitan su actividad. En especial atacaron la orden de cierre de discotecas y pubs, así como la que fija como hora máxima de cierre de los establecimientos de hostelería y restauración que les impide el acceso de clientes más allá de las 00.00 horas. Los hosteleros cuestionaron también la orden de consumir dentro de los locales en barra o sentados en mesa, o las directrices sobre las agrupaciones de mesas.

El auto del TSXG conocido ayer argumenta que una suspensión cautelarísima como la que interesan las entidades afectadas "significaría activar una fuente importante de contagios, que derivan no solo de la apertura de locales de ocio nocturno, y una extensión en el límite de apertura de los demás establecimientos de hostelería, sino también de una falta de distanciamiento interpersonal, que representa una de las medidas de mayor eficacia para evitar contagios".

Prima el interés general

"No puede prevalecer sobre el interés general el particular de las empresas del sector de la hostelería", añaden los magistrados. Si bien reconocen "las importantes pérdidas que para el sector de la hostelería" suponen estas medidas. A pesar de ello, el TSXG subraya que "teniendo en cuenta la naturaleza de los intereses en conflicto y la indudable preponderancia del interés general en la protección de la salud pública", debe denegar la medida provisionalísima solicitada.

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