Primera gran derrota parlamentaria del Gobierno de Sánchez. Las negociaciones in extremis para intentar salvar el decreto ley de los remanentes de los ayuntamientos, por el cual las corporaciones locales cederían al Estado sus remanentes o ahorros a cambio de recibir dinero de un fondo de 5.000 millones, no convencieron a los partidos de la oposición. Las ofertas de última hora no impidieron que el Congreso tumbase ayer el acuerdo firmado en agosto por Hacienda y FEMP, donde salió adelante con el único apoyo del PSOE y el voto de gracia de su presidente, el también alcalde de Vigo, Abel Caballero. Con 193 noes y tan solo 156 votos a favor, el de los grupos que sostienen al Ejecutivo y del diputado de Teruel Existe, el decreto contra el que se habían rebelado alcaldes de distintos colores políticos fue derogado durante el debate de convalidación. Con este varapalo de la oposición, es la tercera vez desde febrero de 1979 que la Cámara baja no convalida un decreto, además de un cuarto tumbado por error en la votación durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
Con la actual ley, aprobada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, los ayuntamientos no pueden gastar los remanentes que tienen acumulados y solo disponen de la opción de destinarlos a amortizar deuda o a depósitos bancarios, siempre que no se incurra en déficit. El real decreto del Gobierno socialista proponía la transferencia de Hacienda de hasta 5.000 millones a los ayuntamientos con remanentes de tesorería que participaran de forma voluntaria en el préstamo al Estado para que los destinaran a determinados asuntos, como movilidad o cultura.
Pero finalmente las negociaciones a varias bandas solo fructificaron con sus socios de Unidas Podemos, que horas antes de la votación confirmaron su sí al decreto sobre el uso de los remanentes municipales, bloqueados en los bancos por la llamada ley Montoro. A cambio de ese apoyo, el departamento dirigido por María Jesús Montero se había comprometido a crear un fondo de 3.000 millones para la recuperación económica y social, unos fondos no condicionados que se distribuirían entre todos los ayuntamientos en función de la población.
El único voto positivo ajeno a los partidos de Gobierno fue el del diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte, quien votó convencido de que había un acuerdo que finalmente no fraguó.
Desde Unidas Podemos el diputado de En Comú Gerardo Pisarello emplazó al Gobierno a seguir negociando sobre la base del acuerdo alcanzado con su formación y también el resto de grupos urgieron a Hacienda a presentar un nuevo decreto ley para solucionar la situación de los ayuntamientos.
Debate
Pero la ministra de Hacienda, tras negar que la derogación suponga "un desgaste" para el Gobierno, advirtió de que es la oposición la que tiene ahora la "responsabilidad" de presentar una alternativa al decreto decaído, dando a entender que el Ejecutivo no tiene en sus planes presentar un nuevo texto, informa Europa Press.
Durante su intervención en la tribuna, Montero asumía a escasos minutos de la votación que había "bastantes probabilidades" de que el decreto decayese. Tras destacar que Gobierno y PSOE había negociado "hasta la saciedad" y habían ofrecido tramitar el decreto como proyecto de ley para incorporar propuestas de los grupos, apelaba a la oposición a la reflexión ya que -alegaba- "todas las medidas que contiene [el texto] son beneficiosas para los ayuntamientos".
La ministra incidió en que el mecanismo de cesión al Estado previsto en el decreto es "absolutamente voluntario. "El Gobierno no necesita en ningún caso el dinero de los ayuntamientos", proclamó.
Pero la oposición rechazó en bloque el "chantaje" y el "ataque" a la autonomía local con este decreto. El PP justificó su posición en que no puede ser "cómplice" de lo que considera "el robo del siglo". Desde Vox, cargaron contra "el golpe más duro" que pretende atestar el Gobierno al municipalismo en estos años y que calificaron de "chantaje sin precedentes". ERC lamentó que el Ejecutivo haya apostado por la "recentralización y la austeridad" igual que hizo Montoro y que pretenda convertir a los ayuntamientos "en el banco del Estado". Desde Ciudadanos, acusaron al Gobierno de no escuchar a la oposición ni a los ayuntamientos. El PNV censuró la "improvisación" de un decreto que no tiene en cuenta los conciertos vasco y navarro. Por su parte, el BNG instó al Gobierno a derogar la ley Montoro y calificó de "injusto el bloqueo" de los remanentes municipales, de ahí su rechazo a la "incautación" de los recursos de las administraciones locales por parte del Estado.
