La crisis en las residencias de mayores desde el inicio de la pandemia, con alrededor de la mitad de fallecidos del total, no solo obliga a reflexionar sobre las condiciones fijadas para estos servicios, sino también sobre el marco legal de protección de los ciudadanos de más edad. La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, abogó ayer por esa vía para proteger en mayor medida a este colectivo, de forma análoga a la protección de la infancia. "Quizás sea bueno traer a colación como sociedad que deberíamos dotarnos de una ley estatal que regule los derechos de las personas mayores", expuso ayer.
Galiño lanzó esta propuesta tras la presentación del informe anual de la institución correspondiente al ejercicio 2019, que entregó al presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices.
La Valedora reconoció la apertura de 33 investigaciones de oficio durante la vigencia del estado de alarma sobre cuestiones vinculadas a la pandemia del Covid-19, varias de ellas sobre residencias de mayores tras recibir quejas sobre el trato de los ancianos, según avanzó en abril pasado. Entonces, ya destacó la necesidad de extremar la vigilancia sobre una cuestión que afectaba a personas "especialmente vulnerables" al SARS-CoV-2. Ayer incidió en esa idea y abogó por una reflexión sobre "lo que pasó en relación con los fallecimientos y la situación de los mayores en las residencias".
Una de las empresas bajo la lupa durante la pandemia fue DomusVi, cuyos centros en Vigo, Cangas y Outeiro de Rei fueron intervenidos por la Xunta ante el aumento de contagios de Covid-19 y de fallecimientos. Antes incluso de la crisis causada por el coronavirus SARS-CoV-2 la Valedora ya investigó de oficio el centro DomusVi Barreiro, en Vigo.
"En la visita se apreció que algunos de los residentes que permanecían en sillas de ruedas tenían sujeciones y que, en algún caso, comentaron que deseaban el auxilio de algún miembro del personal", relata el informe de la Valedora, que añade que esas medidas fueron "prescritas por profesionales médicos en función de las circunstancias de las personas, se registran en su historia médica y son revisadas periódicamente".
El sistema público de residencias de mayores también copa un espacio en el documento. La Consellería de Política Social copa 1.598 quejas de las 6.250 tramitadas durante todo el ejercicio.
En muchos casos están relacionadas con la espera para acceder a una plaza. "Muchas de las personas que reclaman por carencias en materia de dependencia lo hacen porque su plaza residencial está aprobada, pero en espera, sin conocer las previsiones de ingreso".
