Más asuntos llevados a los tribunales, más juicios celebrados y un aumento de la delincuencia. Son las claves que resumen el día a día de los juzgados gallegos el año pasado, marcado por una mayor actividad tras la huelga que durante tres meses paralizó el sector en 2018. En total fueron más de 118.600 delitos que llegaron a los órganos judiciales de la comunidad, un 38% más que el ejercicio anterior. En la lista de procedimientos penales abiertos el año pasado en Galicia destacan las causas de corrupción política, económica y social. Tras cuatro años a la baja en este tipo de ilícitos penales, en 2019 se registraron un total de 166 incoaciones, un 23% más que el ejercicio precedente; con los procesos de malversación a la cabeza (el 67% del total), seguidos de los delitos de blanqueo de capitales (casi el 11%). Así lo detalló ayer el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, durante la apertura del año judicial celebrado en A Coruña, acompañado por el presidente del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde.

Este 2020, la Justicia, como todos los sectores, tendrá que afrontar el "desafío" del Covid-19 con un sinfín de "dudas e incertidumbres" y que "inevitablemente pondrán a prueba el sistema judicial", según advirtió Suanzes durante el acto al que, entre otras autoridades, asistieron entre otras autoridades, el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices.

Ante el "previsible incremento" de los litigios en todos los ámbitos por la pandemia, tanto en el laboral como el mercantil, social o de familia, con un alcance que el fiscal superior reconoció que es difícil de prever pero que da por hecho que "no será fácil", confía en que la Administración de Justicia responda de manera "diligente, activa y eficaz".

En su intervención, el fiscal superior desglosó los datos más relevantes de la Memoria de 2019. Sobre los delitos incoados, con una media de --325 cada día- Suanzes destacó que ese aumento de casi el 40% se debe interpretar con prudencia "teniendo en cuenta que ha habido una mayor actividad judicial, por lo que tal subida no es debida únicamente o en exclusiva al incremento de la delincuencia".

Un año antes de que la Fiscalía del Estado y el Ministerio del Interior se movilizasen para garantizar el desalojo de okupas sin necesidad de una orden judicial, Galicia sumó 399 delitos de allanamientos de morada y usurpación de bienes inmuebles, un 38% más que en 2018, según avanzó ya esta semana este periódico. "El fenómeno ha generado una sensación de impunidad que es necesario atajar desde el punto de vista legal. El Ministerio Público en Galicia procederá con determinación, en defensa de la legalidad y de los derechos y legítimos intereses de las víctimas y perjudicados por estas infracciones, destacó Suanzes.

En las carreteras gallegas el año pasado fueron detectados más de 9.000 delitos, un 37% más que en 2018, con la conducción bajo los efectos del alcohol como principal infracción penal.

Tras la ola de incendios que asoló el fin de semana la provincia de Ourense, el fiscal superior urgió fórmulas de coordinación, "desde un tratamiento integral de los fuegos a utilizar todos los recursos disponibles en la prevención y represión eficaz". El año pasado, los delitos relacionados con los incendios forestales se incrementaron un 18% y supusieron tres de cada diez infracciones penales contra el medio ambiente.

Con 1.894 delitos contra la libertad sexual, esta tipología aumentó en un año 51%, aunque descendieron este tipo de delitos cometidos contra menores de edad.

En su intervención Suanzes también manifestó su preocupación por los datos que deja la violencia machista en Galicia, con tres mujeres asesinadas y más de 10.000 nuevos casos incoados durante el pasado año, lo que supuso un aumento de más del 45%.

La ciberdelincuencia también repuntó. Casi un 7%, con 622 delitos informáticos incoados. Tras el repunte de los ejercicios anteriores de las estafas por internet, en 2019 experimentaron una ligera caída (casi un 2%).