La incorrecta separación de alimentos en las neveras, una deficiente higiene de los trabajadores, el hallazgo de insectos o roedores, etiquetados erróneos sin la información obligatoria, la ocultación a las autoridades de riesgos sanitarios? Irregularidades como estas pueden suponer un castigo de hasta 600.000 euros para negocios vinculados a la venta de productos alimenticios si ponen en peligro la salud de los ciudadanos. Por eso, el control por parte de las autoridades sanitarias resulta vital para detectar infracciones como las citadas. El año pasado, la Consellería de Sanidade detectó situaciones punibles cada día en 15 establecimientos de la comunidad.

Los inspectores de la Dirección Xeral de Saúde Pública destaparon irregularidades en 5.217 establecimientos minoristas e industrias, una cifra ligeramente inferior a la del ejercicio previo (-2,4%), aunque las infracciones se dispararon un 30% al pasar de 12.162 a 15.887.

Y ello, a pesar de que las inspecciones se redujeron a la mitad, de 27.676 en 2018 cayeron a 13.515 el año pasado, si bien ello responde simplemente a la organización del plan quinquenal de visitas elaborado por Saúde Pública.

"Siempre se hallan más infracciones en los establecimientos minoristas que en las industrias y la mayor parte tiene que ver con prácticas higiénicas, como la manipulación de alimentos, la presencia de insectos o roedores. En segundo lugar, se sitúan los problemas estructurales, vinculados a las condiciones de los establecimientos. Y en tercero, la trazabilidad", expone José Ángel Viñuela, jefe de servicio de Seguridade Alimentaria de Sanidade.

Apunta como foco de problemas el factor humano, con más riesgo de incumplimiento que en procedimientos industrializados. "Aunque son pinceladas gruesas y hay casos de todo tipo, es más frecuente que haya problemas derivados del quehacer diario de las personas", resume.

Los responsables de vulnerar las normas sanitarias en bares, restaurantes o industrias alimentarias se enfrentan a sanciones de hasta 600.000 euros, aunque "la multa es el último recurso", matiza Viñuela. "Cuando se detectan irregularidades, se envía un requerimiento y luego se vuelve a visitar el establecimiento para comprobar si se ha solucionado la deficiencia. En caso de no ser así, se envía un apercibimiento", añade Viñuela. Y entonces es cuando se abre la puerta al castigo económico.

Dos marcos legales determinan la normativa actual. La primera es la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición estatal de 2011; la segunda, la Lei de Saúde autonómica de 2008. En función del incumplimiento, se aplica el régimen sancionador de cada una

En el caso de la norma estatal, se establecen castigos económicos de hasta 5.000 euros para infracciones leves; de 5.001 a 20.000 para las graves; y de 20.001 a 600.000 para las muy graves. En el de la ley gallega, el abanico es de hasta 3.005; de 3.006 a 15.025 y de 15.026 a 601.012, respectivamente.

El año pasado, las multas en Galicia crecieron un 5,6% al pasar de las 618 de 2018 a un total de 653, según fuentes del departamento dirigido ahora por Julio García Comesaña. De ellas, 481 correspondían a una infracción leve; 170, a una grave; y solo dos, a una muy grave.