22 de septiembre de 2020
22.09.2020
La Opinión de A Coruña

La Xunta urge al Gobierno central a imponer penas de cárcel por la okupación de viviendas

Las condenas se limitan a multas: una pareja solo tuvo que pagar 540 euros por vivir dos años en un chalé de lujo - "Es inadmisible", cuestiona la conselleira de Medio Ambiente

22.09.2020 | 00:57
La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ayer con asociaciones vecinales.

540 euros de multa para una pareja de okupas que vivió dos años en un chalé de lujo. Es el ejemplo de las irrisorias condenas a las que se enfrentan quienes asaltan una vivienda, ya sea el lugar de residencia o de veraneo de sus propietarios, y la convierten en su morada hasta que el juez dicta sentencia. Largos procesos que en algunos casos tardan un año en resolverse y que dejan una factura en desperfectos que tiene que salir del bolsillo del dueño. Ante el creciente fenómeno okupa, la Fiscalía del Estado y el Ministerio del Interior se han visto obligados a actuar con el objetivo de acometer desalojos inmediatos, tan pronto como el propietario presente una denuncia de okupación -sin esperar a juicio-. Pero otra de las demandas, las penas a los okupas, sigue a la espera de respuesta. Desde la Xunta reclaman al Gobierno central que las ocupaciones de viviendas se castiguen con la cárcel y no solo con una sanción económica, como sucede ahora.

Tras reunirse con asociaciones de vecinos de Vigo, Lugo, Ourense y Ferrol para conocer su opinión sobre el fenómeno, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, reconoció que "comienza a ser un problema" en Galicia, aunque sin ser todavía grave ni acercarse en volumen al que se registra en otras partes de España. Actualmente, según los datos de que dispone el Ejecutivo autonómico, hay 100 denuncias activas en la comunidad por okupación, si bien las viviendas tomadas a la fuerza podrían llegar al medio centenar, según datos de la patronal inmobiliaria. La razón de esta desfase en las cifras responde a que la mayoría de los propietarios desisten de interponer una demanda por el gasto que acarrea y el "estrés" que ello supone, tal como reconoció la conselleira.

La conselleira trasladó a los representantes vecinales que las competencias de la Xunta para combatir esta práctica "son muy limitadas", ya que dependen del Ejecutivo central. En los pasados meses su departamento ya trasladó a Madrid que debía dar un "paso adelante" para poner freno a la okupación, pero la respuesta fue la de rechazar abrir cualquier tipo de debate, alegando que la seguridad jurídica de los propietarios está garantizada con la normativa vigente. La realidad sin embargo, contradice esta argumentación, ya que para desesperación de los dueños se ven abocados a la resolución de un juez, que a su vez depende de la carga de trabajo del juzgado correspondiente, si no dan cuenta de la okupación en las primeras 48 horas del asalto. Pasado este tiempo, las Fuerzas de Seguridad solo pueden intervenir con una orden judicial. Es decir, tras un proceso judicial en el que el juez dicte sentencia. Solo el año pasado, los juicios por usurpaciones de viviendas y de fincas en Galicia -los datos no aparecen desglosados en la memoria de la Fiscalía por categorías- fueron 399, un 38% más que el ejercicio anterior.

Desde la Xunta se proponen "ponerle coto" a las okupaciones. Para ello, la conselleira de Medio Ambiente se puso en contacto con el Ministerio del Interior con el fin de que haya un cambio normativo que las tipifique como delito, ya que "mientras la sanción sea pequeña, poco se podrá hacer".

"Es inadmisible que la okupación ilegal de una vivienda que alguien tiene en propiedad solo se castigue con una multa y no con una pena de prisión", declaró Ángeles Vázquez tras la reunión. Por esta razón, según avanzó, la Xunta "seguirá realizando todas las gestiones que sean necesarias y reclamando al Estado el marco legislativo más adecuado para endurecer las penas y agilizar los procedimientos judiciales que permitan devolver los inmuebles ocupados a sus legítimos propietarios". "Tenemos que empezar a frenarlo y hacerlo desde ya", añadió, con la vista puesta en que los okupas no se sientan "amparados".

En representación de la federación de asociaciones de vecinos de la provincia de Lugo, Jesús Vázquez exigió "un cambio normativo o legislativo" para que este tipo de conductivas se tipifiquen como "un delito de allanamiento", así como una "intervención rápida" y un "endurecimiento claro" de las penas.

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