Siete años después del siniestro, el juicio oral por la tragedia ferroviaria del Alvia en Angrois en la que fallecieron 80 personas, parece más cerca. El magistrado que lleva el caso, Andrés Lago Louro, ha cerrado la instrucción por tercera vez y mantiene que se siga la causa, como ya proponía en el auto de cierre anterior, contra el conductor del convoy, Francisco José Garzón Amo, y Andrés Cortabitarte, director de Seguridad en la Circulación de Adif en el momento de la puesta en funcionamiento de la línea.

Ahora el Ministerio fiscal y las acusaciones particulares tienen diez días para formular escrito de acusación solicitando abrir juicio oral o sobreseer la causa, explican desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), aunque quedaría abierta una puerta a que pidan diligencias complementarias "imprescindibles" para formular la acusación.

De hecho, el magistrado tuvo que reabrir la causa tras haber decretado por segunda vez el cierre de la instrucción -en la primera solo había imputado al maquinista- por la denuncia de un extécnico de Talgo que aludía al borrado de unos registros relativos a defectos en el tren. Pero el juez concluye, informan desde el TSXG, que esa acción no tendría "relevancia" al objeto de la instrucción, que es "averiguar las causas del accidente".

Para el magistrado, como consta en el auto, es "obvio" que "la causa directa, inmediata, y que decididamente ha desencadenado" el siniestro "fue el exceso de velocidad derivado de una conducción negligente". "Y la responsabilidad de tal exceso de velocidad reside de forma activa y directa en la imprudencia del maquinista", añade. Además apunta que, vistos los informes periciales, "no hubo una evaluación integral de riesgos previa a la puesta en funcionamiento de la línea". Alega que "existía una situación de riesgo consistente en el posible descarrilamiento en curva por exceso de velocidad", riesgo que fue comunicado a Adif, que "tenía la obligación normativa y técnica de evaluar y gestionar dicho riesgo" y que "no cumplió con dicho deber". El magistrado señala que mantiene la imputación de Andrés Cortabitarte por ser la persona que emitió el certificado de seguridad de la vía.

Lago mantiene la causa contra Garzón y Cortabitarte por si los hechos imputados fuesen constitutivos de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y 144 de lesiones, pero decreta su sobreseimiento y archivo respecto del que era director de Seguridad de Circulación en Renfe, del que era gerente del área de Seguridad en la Circulación del Noroeste de Adif y de tres técnicos de Ineco.

Que la causa siga contra un cargo de Adif demuestra para las víctimas que la investigación oficial, la de la CIAF, que dictamina que el maquinista fue el único responsable, "es una farsa". De ahí que la plataforma de afectados demande "que se repita", dice su portavoz, Jesús Domínguez, quien avanza a Europa Press que recurrirán el cierre para que la causa también se siga contra el exdirector de seguridad en la circulación de Renfe.