La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois en 2013 reclama el cese del exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, al que el juez propone que se siga la causa por 80 delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave. "Aún ocupa un puesto de libre designación" en el administrador de infraestructuras ferroviarias, según cuestiona la asociación.

Un día después de que se decretase el cierre de la instrucción (el tercero dictado por Andrés Lago), la plataforma manifestó su "satisfacción" por que el juez "haga responsable no solo al maquinista sino también al director de Seguridad de Adif". Sin embargo, considera que el auto "es insuficiente" , por lo que lo recurrirá. El fallo, advierten las víctimas, "deja meridianamente claro que existía un riesgo en la curva y por parte de Adif no se realizó el análisis de riesgos al que obligaba la normativa en dos ocasiones". Y precisan que presentará recurso ya que las víctimas entienden "que existen responsabilidades por parte de Renfe, ya que tenía constancia por escrito de un aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva de Angrois y, sin embargo, no actuó en consecuencia, tal y como obliga la directiva de seguridad ferroviaria". "Renfe debía contar con procedimientos para detectar los riesgos, como la comunicación por teléfono que fue la desencadenante del despiste del maquinista", añaden.

Además, destaca que, "pese a señalar que no tiene relevancia penal, no aclara un hecho gravísimo, y es saber si es cierto que se produjo el borrado de las averías del tren por parte de Talgo". En este escenario, la plataforma exige que les reciba "un miembro del Gobierno", cuando se cumplen dos años desde que solicitaron una reunión al ministro Ábalos, más de uno desde que la pidieron al presidente Pedro Sánchez y nueve meses al vicepresidente Pablo Iglesias, motivo por el que critica el "ninguneo".

También requiere el cese de los miembros de la Comisión de Investigación de Accidente Ferroviarios (CIAF) y que se haga una nueva investigación técnica "independiente como exige la UE". "La que hizo la CIAF solo responsabilizaba al maquinista, y este auto nuevamente la deja invalidada, como ya ocurrió con el demoledor informe de la UE", concluyen las víctimas.

Por su parte, el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Sergio Vázquez, instó a dejar que "la vía judicial haga su trabajo" tras el cierre, de nuevo, de la investigación del accidente del Alvia. "Tenemos que dejar que la vía judicial haga su trabajo, tiene todas las garantías jurídicas de una investigación", declaró ayer durante su visita a las obras de mejora del cruce de A Rocha en la N-550 en Cambre. "Con todo el respeto que nos merecen las víctimas y sus asociaciones", añadió sin entrar a valorar si ve conveniente una comisión de investigación parlamentaria. "No me corresponde a mí si se tiene que seguir", dijo remitiéndose a una decisión del Parlamento.

Desde el BNG, la eurodiputada Ana Miranda cuestionó que el cierre de la instrucción se hiciera sin que se haya realizado una investigación "independiente" sobre lo ocurrido "como reclama Europa". "Vemos que la única vía que tiene interés por llegar hasta el final es Europa", lamentó Miranda, quien advirtió de que el Bloque "sigue pensando que hay responsabilidades políticas en el accidente que van más allá de la responsabilidad del maquinista y del antiguo director de Seguridad".