El Ministerio del Interior reconoce al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, como presidente y representante legal de Democracia Ourensana (DO), tal como certifica la subdirectora general de política interior y procesos electorales, Mireya Corredor Lamas. Por su parte, Jácome anuncia que DO "ha iniciado expedientes para declarar tránsfugas a Miguel Caride y los demás díscolos, y su posterior expulsión de los grupos políticos de DO en el concello y en la diputación, pasando a ser no adscritos".

La jefa del servicio del registro de partidos políticos, Dolores Flores Alonso, certifica en un escrito remitido a Pérez Jácome que Democracia Ourensana consta como inscrita en el registro de partidos políticos desde el 3 de julio de 2001, fecha en que enviaron sus estatutos y la relación de integrantes de su junta directiva. Figura como presidente Pérez Jácome. También destaca que, según el artículo XII de sus estatutos, "el presidente ostenta la representación, administración, dirección y gestión de la asociación".

Por lo tanto, Jácome anuncia que Democracia Ourensana "hará entrega de dicha certificación en las secretarías del concello y la diputación para poner fin a la manipulación e intento de apropiación de DO, por parte de Miguel Caride y demás díscolos, confirmando sin lugar a dudas que Gonzalo Pérez Jácome es el comunicador oficial del partido político con representación en ambas administraciones locales".

Con esta maniobra pretende tumbar el intento de los críticos de expulsarlo del partido tras la crisis interna que movió una denuncia ante la Fiscalía de estos contra Jácome por supuestas irregularidades económicas.

Gonzalo Pérez Jácome considera que, con la documentación aportada, "queda demostrada la mala fe de los traidores, al no representar a DO y sin embargo querer adueñarse del partido, llegando incluso a apropiarse del logo y las siglas en un comunicado, hechos por el que serán denunciados judicialmente".

Los díscolos replicaron con otro documento que ha remitido el Ministerio del Interior, el día 30 de junio de este año, en el que pide a DO de que "en el plazo máximo de 6 meses remita los estatutos adaptados al contenido de la Ley o, en caso contrario, se iniciará el procedimiento de declaración judicial de extinción del partido".