Para cada vez más productores lácteos, la anunciada reforma de la Ley de Cadena Alimentaria para prohibir las ventas por debajo de los precios de coste de producción llegará tarde. Pese a ser una de las líneas de actuación más inmediatas para el Ministerio de Agricultura, la asfixia económica en muchas explotaciones del país, con Galicia a la cabeza con más de la mitad de toda España, ha llevado a los ganaderos a denunciar esta situación.
La denuncia, tramitada desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), afecta cinco grandes empresas lácteas por diversos incumplimientos de la Ley de Cadena Alimentaria. El grueso de los productores lácteos que secundaron esta queja son de Galicia, Asturias y Cantabria, según confirmó a este periódico el colectivo agrario.
En concreto, COAG denuncia que en los contratos presentados por los ganaderos se les obliga a reconocer unos precios por debajo de costes bajo amenaza de no recogida de leche, a la vez que se introducen cláusulas que incumplen los plazos máximos de pago.
Según advierten los productores, hay empresas que están incluyendo cláusulas de confidencialidad en sus contratos para evitar que los ganaderos acudan a organizaciones agrarias para denunciar.
"Las leyes están para cumplirlas y no se pueden tolerar prácticas comerciales ilegales y abusivas que atentan de forma reiterada contra los ganaderos. Si se sigue exprimiendo así al productor nos vamos a quedar sin granjas familiares", denuncia el responsable de Mercados Agrarios de COAG, Andoni García.
En el último año, 733 ganaderos se han visto obligados a echar el cierre -386 de ellos de Galicia-. "Hoy quedan apenas 12.500 ganaderos lácteos. La AICA tiene que abrir una investigación para evitar nuevos atropellos y garantizar un precio justo para los ganaderos que les permita vivir dignamente", urgen desde COAG.
La organización agraria ha explicado que la ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad establece que "los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y de los perecederos no excederán en ningún caso de treinta días". En los ejemplos de contratos denunciados, varias industrias lácteas especifican que se agruparán las facturas de todas las entregas de leche realizadas en el periodo de un mes "X" y se abonarán por parte de la empresa, antes del día 30 del mes "X + 1".
De esta forma, se produce un incumplimiento de la ley de morosidad en cuanto a los aplazamientos de pago, que se puede sancionar a través de la Ley de Cadena Alimentaria. Es precisamente la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria una de las prioridades para el ministro de Agricultura, Luis Planas. Una modificación por la que se exigirá que los contratos agrarios incluyan los costes de producción y además permitirá al Gobierno publicar el nombre de las empresas infractoras.
