El pulso entre los ayuntamientos y Hacienda continúa. La batalla librada por los alcaldes para liberar sus ahorros y poder invertirlos en actuaciones urgentes en sus territorios, hoy marcados por la crisis del coronavirus, desembocó en la primera derrota parlamentaria del Gobierno de Sánchez: el Congreso derogó hace tres semanas el decreto sobre el superávit y Hacienda se vio obligada a pergeñar una alternativa pese a su negativa inicial a ofrecer otra propuesta. Pero el nuevo real decreto, que incluía la suspensión de la regla de gasto para este año y liberar más de 3.000 millones de superávit municipal de 2018 y 2019 tampoco convenció a los regidores. La presión ejercida por el municipalismo va camino de lograr un acuerdo que movilizará 25.000 millones para las administraciones locales, una cantidad que además de incluir el porcentaje estimado de los fondos de la UE también recoge el fondo de 5.000 millones para la crisis del coronavirus y el fondo de transportes que el departamento que dirige María Jesús Montero había dejado fuera de su nuevo decreto. El principal escollo en las negociaciones está en cómo distribuir esos 5.000 millones.
Tras la Junta de Gobierno de la FEMP celebrada ayer, PSOE y PP evidenciaron sus discrepancias. Mientras, el presidente del órgano de poder local, el socialista Abel Caballero, aseguró la "proximidad" de un acuerdo que puede movilizar hasta 25.000 millones, el portavoz del PP, Jorge Azcón, acusó a Hacienda de "ningunear" al municipalismo.
Ante estas diferencias, el también alcalde de Vigo aseguró que la federación municipalista seguirá trabajando a lo largo de esta semana para lograr el máximo respaldo de los ayuntamientos y los partidos políticos después de que la primera propuesta fuera tumbada en el Congreso por amplia mayoría (193 noes frente a 156 síes).
El acuerdo con Hacienda supondría, globalmente, la movilización de 25.000 millones de euros para las entidades locales en los próximos años incluyendo el porcentaje estimado de los fondos de la UE. Además, recogería el fondo de 5.000 millones que Hacienda había incluido en su primer decreto y que fue eliminado de la última propuesta. El departamento que dirige Montero había pactado en agosto con la FEMP que los ayuntamientos le prestaran 14.000 millones en remanentes en hasta quince años a cambio de diseñar ese fondo de 5.000 millones de euros para los municipios que participaran del crédito, además de eliminar la regla de gasto y permitir utilizar el superávit de 2019. Pero con el único apoyo del PSOE en el órgano de poder local, el decreto del Gobierno estaba abocado al fracaso en el Congreso.
Aunque Hacienda ha aceptado incluir los 5.000 millones de los presupuestos y el fondo para el transporte de 400 millones, la discusión está en qué criterio de reparto elegir. Según se planteó ayer en la Junta de Gobierno de la FEMP, la distribución se haría en dos partes: el 60%, 3.000 millones, siguiendo criterios de población, aunque no se descartan elementos correctores en base a despoblación o insularidad, y el resto, el 40%, 2.000 millones, para movilizar los remanentes.
El presidente de la FEMP también reconoció la disponibilidad a incorporar el fondo de transportes en un texto en el que ya quedan recogidas las otras demandas de los alcaldes: entregas a cuenta, liquidación de 2018, exención de la regla de gasto, uso del superávit de 2019 y de 2018 y, además, fuera del decreto, participación en los fondos europeos.
"El papel de la FEMP está siendo más importante que nunca; no renunciamos a nada", proclamó Caballero tras anunciar que se reforzará la interlocución con las federaciones de municipios para recabar los máximos apoyos para elevar una propuesta al Consejo de Ministros que sea avalada por el Congreso.
Por su parte, los alcaldes del PP reclamaron en la Junta de Gobierno que el líder de la FEMP fuerce la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), cuya celebración, afirman, debe ser necesariamente previa al Consejo de Ministros en el que se debata la propuesta de decreto de ayudas. Así lo reivindicaron ante el "ninguneo" por parte del Gobierno, según cuestionó Azcón.
