El Gobierno ha dado un nuevo giro a las medidas de control financiero de comunidades autónomas y ayuntamientos. Dos semanas después de anunciar un nuevo decreto sobre el superávit municipal, que limitaba la suspensión del techo de gasto a este año y en el que descartaba el gasto de los remanentes de tesorería (14.000 millones en el conjunto del país, casi 1.300 de los municipios gallegos), y tras rechazar que las administraciones pudiesen incurrir en déficit porque lo prohibía la Constitución, Hacienda ha cambiado de criterio y ha dado marcha atrás en sus políticas de contención del déficit público. Y lo ha hecho liberando a comunidades autónomas y ayuntamientos del corsé de las reglas fiscales, de manera que podrán gastar más para hacer frente a la crisis económica derivada del estallido del coronavirus, y además permitirá a los alcaldes tirar de los ahorros bloqueados en los bancos desde 2012, año el que el entonces ministro Cristóbal Montoro aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria para garantizar unas cuentas públicas equilibradas y evitar que se gastase por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB.

La decisión supone dejar sin efecto la regla de gasto, así como los objetivos de déficit y deuda pública pese a que esta misma semana Hacienda pretendía llevarlos al Congreso. Este paso por la Cámara baja, que resultaba básico para la aprobación de los presupuestos del Estado, allana así el camino para la tramitación de las cuentas ya que la senda de déficit no tendrá finalmente que someterse a votación, atendiendo al artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad, según detalla el Gobierno. Sin embargo, el PP exigió llevar al Congreo el nuevo límite de gasto no financiero, el conocido como techo de gasto, pese a que no vaya a aprobar una nueva senda de estabilidad presupuestaria, al tiempo que alert de de las "alegrías gastadoras que llevan a recortes".

Reunión el lunes del CPFF

El anuncio hecho público ayer por el Ejecutivo, se produjo el día que vencía el plazo para presentar los presupuestos generales, aunque la ministra del ramo, María Jesús Montero, negó que ambas fechas tuviesen relación alguna.

Con este paso, autorizado por la Comisión Europea y que ya han dado otros países, el Ejecutivo se propone llegar a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada para el lunes con una decisión tomada para discutirla con las comunidades autónomas. A diferencia de la crisis de 2008, en la que el Gobierno de Rajoy con la llamada ley Montoro se propuso combatir con políticas de austeridad, el Ejecutivo de Sánchez quiere dar la batalla a los efectos económicos del Covid con un aumento del gasto público y del endeudamiento.

La suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021 da un balón de oxígeno a las comunidades ya que podrán empezar a diseñar sus presupuestos, a falta todavía de concretar las partidas correspondientes de las entregas a cuenta. No obstante, desde la Xunta advierten de que "lo más importante para Galicia en estos momentos es conocer las cifras y magnitudes de referencia" para poder elaborar las cuentas autonómicas. "Algo que por ahora desconocemos", apuntan desde el departamento que dirige Valeriano Martínez.

Desde Hacienda, Montero confirmó que la suspensión se hará efectiva cuando el Gobierno apruebe en el Consejo de Ministros el techo de gasto a sus nuevos presupuestos y presente sus previsiones de déficit, deuda y gasto para este año y el siguiente, pero no los objetivos de estabilidad, que no se aprobarán y, por tanto, no se votarán en las Cortes Generales.

Esta decisión implica también que los ayuntamientos podrán hacer uso, tanto este año como el siguiente y "sin límite" -detalló la ministra-, de sus remanentes. La titular de Hacienda justificó este cambio de criterio en la apuesta del Ejecutivo por facilitar a todas las administraciones la "capacidad de poner la totalidad de los recursos al servicios de los ciudadanos" y "mantener unas políticas sociales y de estímulo económico que no deje a nadie atrás".