02 de octubre de 2020
02.10.2020
La Opinión de A Coruña

"El Estado debe dejarse de postureos y no dejar el proceso en manos de asociaciones"

"En una democracia, hay que juzgar los crímenes de una dictadura"

02.10.2020 | 00:57
Carmen García-Rodeja.

Llega "tarde y poco desarrollada". La investigadora gallega de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), grupo originario del Bierzo promotor de las primeras exhumaciones del franquismo, es crítica con la nueva Ley de Memoria. "El Gobierno debe construir un nuevo relato y dejarse de postureos. Debe ser Estado y no dejar el proceso en manos de asociaciones; la ARMH renuncia a las subvenciones porque considera que es el Estado es que debe hacerse cargo de todo", defiende la historiadora, al tiempo que cuestiona que en España no se haya abierto un proceso por los crímenes de la dictadura y se haya tenido que interponer esa querella en Argentina. "En una democracia, esto debe ser juzgado", concluye.

La anterior ley se quedó en cambio de nombres de calles y poco más? ¿Cree que esta nueva versión correrá la misma suerte?

Esperemos que no. Hay un error, que es no desarrollar la ley y no consultar con los equipos. Por ejemplo, para Cuelgamuros (el Valle de los Caídos), hace diez años que se convocó a un equipo de expertos y se hizo un plan detallado y muy correcto sobre qué hacer con ese lugar. Se archivó. Durante mucho tiempo se prometió a las familias de republicanos, cuyos cuerpos fueron robados de los cementerios para llevar a la basílica, que se les devolverían los restos, incluso se dio plazos y no se cumplió.

¿Esperan desde la ARMH seguir abriendo fosas e investigando con la ayuda económica del Gobierno o debe ser el Estado quien asuma esa tarea?

La ARMH cree que lo correcto es un plan en el que sea el propio Estado el que se responsabilice y como dice el Relator de la ONU para la Verdad, la Justicia y la Reparación, Pablo de Greiff : "El modelo vigente de "privatización" de las exhumaciones, que delega esta responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de homologación y oficialización de la verdad". Y tampoco que se deje al arbitrio de los ayuntamientos. La vicepresidenta ha dicho que va a poner un programa de apoyo financiero a los ayuntamientos para labores de búsqueda e investigación de fosas comunes. Insistimos, es una labor del Estado. El modelo para la ARMH de lo que se debe hacer es lo que se está realizando actualmente en el País Vasco.

La ARMH lleva años exhumando a víctimas del franquismo y por fin parece que el Estado se va a hacer cargo. ¿Confía en que el Gobierno ponga los medios suficientes en un proceso en el que el tiempo corre en contra?

La ARMH renuncia a las subvenciones porque considera que es el Estado es que debe hacerse cargo de todo: la investigación, el banco de ADN, las exhumaciones, la atención a los familiares, los actos de desagravio, la búsqueda de responsabilidades... La ARMH insiste en que el Estado debe atender directamente a los familiares, porque es la institución la que puede darles la condición oficial de víctimas y no las asociaciones que con toda su buena voluntad llevan años ayudándolas. Para lo cual hay que hacer un plan de Estado, con el equipo de expertos y escuchando a los familiares. El Gobierno debe construir un nuevo relato y dejarse de postureos. Debe ser Estado y no dejar el proceso en manos de asociaciones.

¿Qué aspectos cree que deben corregirse de la Ley?

La ARMH no está de acuerdo con celebrar el 8 de mayo como Día del Exilio, cuando lo que el 8 de mayo de 1945, que ha significado la derrota del nazismo, para los exiliados españoles significó seguir sin poder volver a su país. La ARMH ha propuesto la fecha del 22 de febrero, día de la muerte del poeta Antonio Machado que representa a miles de exiliados que no pudieron volver. Tampoco apoya la conmemoración del 31 de octubre como Día de las Víctimas del Franquismo (el día de aprobación de la Constitución española ) ya que en la Constitución no hay ninguna condena expresa al franquismo. La ARMH ha propuesto la fecha del 12 de diciembre porque fue ese día de 1946 en el que la Asamblea General de la ONU condenó duramente al fascismo español.

La nueva ley recoge la anulación de los juicios del franquismo. ¿Qué le parece y a cuántos represaliados puede afectar esta medida en Galicia?

Afectará a miles de personas y es algo solicitado por las familias. Es una reparación simplemente simbólica. Sería interesante que se tuviera en cuanta también el sufrimiento de las familias y la apropiación de sus bienes.

En la práctica, ¿en qué se traduce esta anulación?

En un documento?

El Gobierno anula los juicios del franquismo, pero hasta ahora no ha habido juicio alguno de los crímenes de la dictadura y ha tenido que ser en Argentina, donde esta querella inicie su andadura.

Se creará una Fiscalía especial, pero sin anular la ley de Amnistía de 1977, no servirá para nada.

¿Espera que en España se inicie un proceso similar?

Lo imposibilita precisamente esta Ley de Amnistía.

¿Qué le parecieron las cartas de González, Aznar, Zapatero y Rajoy apoyando a Martín Villa ante la juez Servini en Argentina?

No tiene lógica, en una democracia hay que juzgar los crímenes.

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