No hay pueblo en Galicia donde no haya sido paseado algún vecino y sus restos sigan enterrados en una fosa que los más viejos del lugar tienen aún hoy en su memoria. Desde hace años familiares y asociaciones de víctimas del franquismo reclaman al Gobierno que asuma la reparación de los represaliados, miles de ellos todavía hoy sepultados en cunetas, montes o tapias de cementerios. En una nueva versión de la Ley de Memoria Histórica, bautizada como Ley de Memoria Democrática, el Ejecutivo de Sánchez ha optado por delegar en los ayuntamientos la identificación de esas tumbas del franquismo y de sus víctimas. Y lo hará dotando a las administraciones locales de partidas para que asuman el proceso de reparación. El presupuesto global que maneja el Gobierno para el desarrollo de esta ley, en fase de anteproyecto y que próximamente será presentada a las Cortes para su aprobación antes del verano, asciende a 750.000 euros, de los que el 60% -400.000 euros- será para la apertura de fosas comunes y la exhumación de fusilados.

En una reunión mantenida ayer, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero, abordaron el papel de los ayuntamientos en la búsqueda de fosas del franquismo para llegar hasta el "último rincón", según dijo Calvo al término del encuentro.

Ambos reivindicaron la labor de los municipios en el cumplimiento de la norma. La vicepresidenta primera informó al presidente del órgano de poder local de las disposiciones del anteproyecto, ante lo que Caballero se mostró dispuesto a cooperar con el Gobierno para dar un "reconocimiento" a las víctimas.

La FEMP, según explicó el también alcalde de Vigo, ofrece su red territorial a los miles de ayuntamientos que quieran recuperar en sus municipios "esta parte de la Historia que algunos quieren olvidar de nuestra propia esencia", en referencia a la identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura todavía hoy sepultadas y cuyo paradero muchos familiares desconocen.

Hasta que entre en vigor la nueva normativa, la dotación económica para este tipo de actuaciones solo se puede tramitar con arreglo a la Ley de Memoria Histórica de 2007. Así, Calvo anunció que el próximo martes el Consejo de Ministros habilitará una partida de 750.000 euros en subvenciones. El impulso a la memoria democrática, según destacó la vicepresidenta, exige "muchos esfuerzos, y rápidos" para llegar a las "víctimas directas" de la guerra y el franquismo mediante la identificación de fosas y la recuperación de restos de desparecidos de manera que se restituya "su memoria y su dignidad".

Calvo insistió en que se trata de un "derecho" que tienen las víctimas y sus familias para "poder estar en paz con su memoria" y para que el país "rinda tributo de dignidad y agradecimiento para quienes pelearon por defender la legalidad, el orden constitucional y la democracia en aquel momento".