La suspensión de las reglas fiscales y la derogación de los objetivos de estabilidad permitirá la puesta en circulación de los casi 15.000 millones de remanentes de tesorería con que cuentan los ayuntamientos y diputaciones, y ello puede tener un efecto multiplicador que se traduzca en un incremento de hasta 2,5 puntos del PIB. Así se consideró ayer durante la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local, presididas por las ministras de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y de Hacienda, María Jesús Montero, y en la que el presidente de la Federación de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo, Abel Caballero, encabezó la representación municipal.

En este foro, Montero dio cuenta, como antes lo hizo con las comunidades autónomas, de las consecuencias de la suspensión de las reglas fiscales durante los años 2020 y 2021, que hará posible que los gobiernos locales puedan utilizar sus ahorros sin incurrir en déficit y destinarlos, no solo a inversiones financieramente sostenibles, sino a otras fórmulas de gasto consideradas más eficientes.

A juicio de Caballero, "con la eficacia" que tienen los ayuntamientos para invertir en "la dirección correcta y generar empleo, aumentar la productividad, la acción verde o la agenda urbana", les "pone de nuevo en la capacidad de seguir activando la economía española".