La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha anunciado este martes que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) ultima un documento llamado a ser "un gran pacto social por la vivienda" en Galicia, una estrategia para la que prevé invertir 300 millones de euros entre 2021 y 2025.
Así lo ha avanzado la conselleira durante su comparecencia este martes en el Parlamento a petición propia. Aunque el debate giraría en torno a líneas de trabajo de su departamento, buena parte de las intervenciones han pivotado sobre la polémica de las okupaciones ilegales.
En su discurso inicial, Vázquez se ha dirigido a los grupos --PP, BNG y PSdeG-- para asegurar que, para sacar adelante el gran pacto, pretende "contar con el consenso de todos los actores implicados": "Apostando por el diálogo social y escuchando las necesidades de las familias y empresas gallegas".
Este plan, que en el período 2021-2025 prevé llegar a unos 40.000 hogares, incluye un total de 48 medidas de las que 10 son "totalmente novedosas", con la juventud, el empleo y la reactivación económica tras la pandemia "como eje principal".
Entre las principales novedades, Ángeles Vázquez ha destacado las ayudas de hasta 20.000 euros que familias con bajos ingresos --inferiores a 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem)-- adquieran viviendas protegidas y otras destinadas a menores de 35 años en un nuevo programa de alquiler con opción a compra para "fomentar la emancipación".
Otra de las novedades es "el fomento de alquiler de viviendas sin uso" a través de subvenciones de hasta 6.000 euros a cambio de la cesión en régimen de usufructo y gestión por parte de la Xunta "por 10 años", lo que "garantiza a los propietarios una renta mensual y un seguro de reparación de daños", ha asegurado la conselleira.
Ayudas en municipios que pierden población
El plan promovido por el departamento de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda también contemplará ayudas a particulares que construyan viviendas en municipios con pérdida de población, convenios con asociaciones y entidades para financiar obras de rehabilitación y una plataforma informática para que los ayuntamientos creen "un registro de núcleos en estado de abandono".
Asimismo, Vázquez ha avanzado medidas dirigidas "tanto a pequeños emprendedores" como a "empresarios que tienen su negocio en parques empresariales", entre ellas la firma de convenios "a tres bandas" --entre Xunta, ayuntamientos y las propias compañías-- para desarrollar "pequeñas áreas" comerciales en zonas poco habitadas y para poner a disposición de los trabajadores viviendas "a precios moderados". En estas iniciativas, la conselleira ha comprometido que el Ejecutivo autonómico asumirá "el 50 por ciento" del presupuesto.
A todas estas medidas sumarán otras 38 a las que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda pretende "dar continuidad" en su gestión, entre ellas el programa 'Rexurbe' --hasta ahora, con planes específicos en A Coruña, Mondoñedo y Ribadavia--, las áreas de rehabilitación integral --las llamadas ARIS, con 71 declaradas--, las reformas en casas en maestros y las ayudas al alquiler incluidas en el 'bono de alugueiro social'.
"No nos podremos dar por satisfechos mientras haya una sola persona o familia gallega con obstáculos para acceder a una vivienda", ha subrayado la conselleira.
La "cortina de humo" de los okupas
Tras el discurso de Vázquez, el diputado del PSdeG Pablo Arangüena ha saludado la "disposición al diálogo" de la Xunta "después de 11 años" de gobiernos del PP, al tiempo que ha comprometido su "máxima disposición favorable a cada propuesta de pacto".
Sin embargo, el parlamentario socialista ha lamentado la "pasividad manifiesta" de la Xunta en política de vivienda y ha señalado que la pasada legislatura --terminada este año-- fuese "la de menor promoción pública" con unos 24 inmuebles construidos en cuatro años, según sus cifras. "En la legislatura del bipartito, esta cifra superó las 10.000", ha puntualizado Arangüena.
Seguidamente, ha dado el dato de que en Galicia hay 300.000 viviendas vacías. "A ustedes no les parece importante, pero les parece muy importante el problema de los okupas", ha ironizado, tras lo cual ha pedido al PP que "deje de esparcir cortinas de humo" con este tema.
Sobre este punto ha incidido la diputada del BNG Alexandra Fernández, quien ha acusado a los populares y a sus gobiernos de generar "alarmismo" y "engañar a la gente" toda vez que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) constatase una "disminución" de las demandas civiles en relación a las okupaciones.
Por eso, la nacionalista ha aseverado que la estrategia de 'Génova' es sumarse al "camino de la extrema derecha" y hacer "seguidismo" a la línea política de Vox aprendiendo también de lo que ha llamado 'El manual Trump': "Agitar la sensación de pánico vía bombardeo mediático".
Tras asegurar que ya existe legislación suficiente para hacer frente a este fenómeno, ha censurado que la diputada popular Paula Prado, en el mismo pleno de este martes, solicitase al Valedor do Pobo un informe específico sobre las okupaciones en Galicia.
De hecho, al finalizar el debate sobre la comparecencia de la conselleira de Medio Ambiente, Prado ha pedido la palabra por alusiones y ha lamentado que la "extrema izquierda" no vea un problema y que el BNG, como "heredera de las mareas de Podemos", siga "el discurso" del vicepresidente segundo del Gobierno estatal, Pablo Iglesias.
Un problema de "convivencia"
Precisamente, en la réplica, la conselleira Ángeles Vázquez ha afirmado que a la Xunta le "preocupa" el número de denuncias de okupaciones: "No estamos hablando de 40 o 50 casos, estamos hablando de un buen número de casos y no solo son esas personas afectadas, sino la convivencia vecinal".
En este contexto, ha vuelto a prometer que la Xunta "seguirá luchando contra la okupación ilegal" a través de medidas ya anunciadas la semana pasada como un "mapa de okupaciones", un teléfono específico para denunciar estos episodios y un convenio con el Colexio Oficial de Avogados de Galicia.
Además, la conselleira ha negado que haya un problema de especulación en la Comunidad gallega y ha afirmado que varios de los okupas, de los que se conocen "nombres y apellidos", no acudieron "nunca" a las instituciones a solicitar ayudas. "Son antisistemas que se creen con derechos y sin ninguna obligación", ha sentenciado.
"Más de 12.000" beneficiados
Retomando el debate sobre las políticas de vivienda del Gobierno gallego, Vázquez ha defendido la gestión de los últimos 11 años retando a la oposición a "preguntar a las más de 12.000 personas que en este momento se benefician de algún plan".
Eso sí, ha afeado que el Gobierno central, durante el confinamiento, pretendiese "la confiscación" de los fondos del plan vivienda "sin contar en absoluto con las comunidades autónomas". "Menos mal que ahora, incluso las que están gobernadas por las mismas siglas, dijeron 'hasta aquí hemos llegado'", ha añadido.
En el mismo debate, la diputada del PP Marisol Díaz ha comprometido "todo el apoyo" del partido al pacto social por la vivienda de la Administración gallega que pretende dar "continuidad, pero no continuismo" a su gestión, según sus palabras.
La popular ha valorado que "hoy más que nunca" estas políticas "se tiene que adaptar a las nuevas demandas de la sociedad" una vez pasada la crisis sanitaria y ha reivindicado el resultado de las elecciones autonómicas del 12 de julio: "Los gallegos confiaron en nosotros de nuevo para regir este país, también con esta política de vivienda".
