La codiciada tarta de obra pública en época de vacas flacas empujó a las empresas a concurrir por proyectos con ofertas que no llegaban para cubrir costes. Hasta un 40% por debajo del precio de licitación llegaron a presupuestar algunas constructoras para hacerse con el contrato sacado a concurso. Pasados los años más duros de la crisis de 2008, la guerra de precios entró en fase de tregua, con la excepción de la provincia de A Coruña, donde los pliegos de contratación obviaban la equidad "calidad-precio" . Con la puerta abierta a la presentación de ofertas a la baja, los concellos coruñeses protagonizaron las adjudicaciones más agresivas, con rebajas de más del 30%, un porcentaje que en el conjunto de Galicia se sitúa en el 16%. Tras más de siete años dando la batalla por un cambio en los pliegos de contratación de la Diputación, administración de la que dependen el grueso de obras locales en la provincia con un desembolso anual que oscila entre los 60 y los 100 millones de euros, la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco) ha logrado que ayuntamientos y contratistas estén blindados por ley ara evitar bajas temerarias en sus proyectos de obra.

"Con empeño se consiguió algo que muchos me decían que no había nada que hacer y que era una misión imposible. Pero finalmente se ha desterrado una práctica de hace 30 años y se derrocó una injusticia histórica", destaca el presidente de Apecco y de patronal de la construcción en Galicia, el coruñés Diego Vázquez Reino, en referencia al acuerdo de la corporación provincial del pasado 25 de septiembre por el que se modifican los pliegos de contratación. Por unanimidad, el pleno aprobó los cambios, pactados con los agentes sociales y los grupos políticos. Las nuevas normas de contratación incluyen otra fórmula de cálculo para las bajas temerarias con el objetivo de buscar la mayor justicia en la asignación de las licitaciones y teniendo como referente el presupuesto medio de los proyectos presentados.

Tras siete años de reivindicaciones, Apecco ha logrado que los concellos de A Coruña rehúyan finalmente las bajas temerarias que colocaban a las administraciones locales de la provincia a la cabeza en procedimientos que no controlaban los requisitos de calidad. En el conjunto autonómico, las bajas en las adjudicaciones el año pasado alcanzaron el 16%. Pero los ayuntamientos coruñeses doblaron este porcentaje, llegando a aceptar propuestas económicas con rebajas por encima del 30%.

"El mecanismos establecido es parecido al que se aplica en las adjudicaciones de la Xunta. Solo se pervertirá si lo pervertimos las propias empresas. Debemos actuar con madurez y ser responsables; también tenemos obligaciones", advierte el presidente de Federación Gallega de la Construcción.

La responsabilidad, según apunta Vázquez Reino, es compartida: "Tanto la administración como del administrado debemos evitar esas bajas temerarias". Este acuerdo, añade, ha sido un "éxito del asociacionismo" y también "fruto del entendimiento entre administrador y administrado". "La administración tiene que hacer una inversión y tiene que hacerlo con la mejor de las garantías", concluye Vázquez Reino.

Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008, las ofertas a la baja que hasta entonces eran puntuales en todo el territorio nacional y en porcentajes que se ajustaban a la equidad calidad-precio, se volvieron exageradas y habituales en todas las administraciones.

Las empresas que incurren en esta pugna económica asumen grandes riesgos, principalmente, la merma de la rentabilidad, al operar con unas tarifas que no cubren ni siquiera su estructura de costes. Además de dañar a su propio negocio esta práctica tiene un impacto negativo en todo el sector. Aunque finalmente las empresas reduzcan costes, bajada de precios, reducción de plantilla... hay determinados gastos fijos que deben cubrir con la facturación actual, puesto que en el caso de trabajar a pérdidas, el futuro de la compañía está abocado a la quiebra.