Dos instrucciones con un mismo propósito: frenar el creciente fenómeno okupa que afecta a todo el territorio nacional. Ministerio del Interior y Fiscalía dictaron el mes pasado sendos protocolos de actuación ante la usurpación de una vivienda que tantos quebraderos de cabeza ha dado en los últimos años a miles de propietarios, un delito que ha repuntado en los últimos meses como consecuencia de la crisis económica derivada del Covid. Solo en lo que va de año, la Policía ha detectado en Galicia un total de 100 ocupaciones ilegales de pisos y casas, más que en todo 2019 (entonces fueron 129). Para agilizar los trámites de desalojo y dar una respuesta lo más rápida posible a cada caso denunciado en la comunidad, el delegado del Gobierno, Javier Losada, y el fiscal superior, Fernando Suanzes, acordaron ayer potenciar las comisiones provinciales de coordinación de la Policía Judicial.

Estos equipos especializados, constituidos en 1987, están integrado por el presidente de la Audiencia Provincial, el fiscal jefe de la Audiencia, el magistrado juez decano de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la capital de provincia, el jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Policía Nacional y el su homólogo en la Guardia Civil. Y en el caso de las comunidades con competencia estatutaria para la protección de las personas y bienes, el responsable a nivel provincial. Desde esta unidad se analizará cada caso particular desde el momento en que el propietario da cuenta del delitos de ocupación de su vivienda y, según establecen las instrucciones dictadas por Fiscalía e Interior, se procederá al desalojo inmediato del inmueble, sin tener que esperar a juicio para los casos de usurpaciones de morada habitual o segunda residencia.

Durante la reunión celebrada ayer en la Delegación del Gobierno, Losada insistió en que la cifra de okupaciones en Galicia en 2019 apenas supusieron un 0,16% del total de las infracciones penales. No obstante, tanto Losada como Suanzes coincidieron que la legislación actual es "suficiente para actuar" y advirtieron que las recientes instrucciones de Interior y Fiscalía "se complementan, son útiles y permiten mejorar la respuesta a estos casos".

Por ese motivo, acordaron potenciar las comisiones provinciales de coordinación de la policía judicial para resolver problemas concretos. "En estos organismos existe una combinación de los ámbitos judicial y de seguridad que son idóneos para encontrar soluciones concretas", destacó el delegado del Gobierno tras la reunión.

En el Parlamento, el PP reclamó a la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, durante su comparecencia para presentar ante los grupos su memoria correspondiente al año 2019 la realización de un informe extraordinario que recoja, entre otros aspectos, un mapa de los ayuntamientos donde más okupaciones se registran, un análisis de las "dramáticas consecuencias" que conllevan para los propietarios y para las personas en riesgo de exclusión social, así como un diagnóstico sobre "la suficiencia o insuficiencia" de las normas vigentes para luchar contra este fenómeno.