La crisis de la década pasada arrasó miles de calles de Galicia, donde afloraron como setas los carteles de "Se alquila" en bajos comerciales de negocios quebrados. La perspectiva resulta incluso peor ahora por el impacto del Covid-19, que amenaza con desplomar la economía este año alrededor del 11%. Para paliar esos efectos sobre la red comercial, la Xunta lanzará un plan de rebajas del alquiler de locales y oficinas en manos del erario público, además de varios planes para abaratar el acceso a la vivienda, sea en propiedad o en alquiler. Todas forman parte de un plan en esta materia que prevé una inversión de 300 millones en cinco años.
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, esbozó ayer en el Parlamento las líneas maestras de lo que llamó "Pacto Social por la Vivienda" para el periodo 2021-2025. Favorecer la construcción de pisos protegidos y el acceso a la vivienda, así como la fijación de población en el rural, constituyen sus principales objetivos, si bien el balance en el primer ámbito resulta negativo para las sucesivas administraciones presididas por Alberto Núñez Feijóo (PP). Entre 2011 y 2019, Galicia fue la penúltima comunidad con menos construcción de vivienda protegida: apenas el 9,7%.
Vázquez expuso varias líneas estratégicas para las que confió en lograr el apoyo de la oposición. En primer lugar, "importantes incentivos al alquiler" en locales comerciales del IGVS, que soporta una deuda de "dudoso cobro" por impagos de arrendamientos que ronda los 15 millones. El plan de vivienda 2021-25 aspira a beneficiar a 40.000 hogares gallegos durante ese periodo gracias a sus 48 medidas, de las que 10 "son totalmente novedosas", según aseguró Vázquez.
La Xunta prevé conceder ayudas de hasta 20.000 euros a familias con ingresos inferiores a 4,5 veces el Iprem, es decir, que no superen los 2.418 euros mensuales y que podrán dedicar "a nueva construcción o rehabilitación". También pondrá en marcha un nuevo programa de alquiler destinado a menores de 35 años para facilitar la emancipación.
Un nuevo programa para impulsar el alquiler de los 300.000 pisos vacíos que existen, según Vázquez, en la comunidad, con ayudas de hasta 6.000 para los dueños a cambio de la cesión en régimen de usufructo durante a 10 años al IGVS, que gestionará los arrendamientos. La primera iniciativa similar apenas movilizó 16 pisos en año y medio.
La Xunta también quiere ofrecer alquileres más baratos mediante convenios con concellos y empresas que se asienten en municipios rurales que pierden población adquiriendo suelo industrial público.
