La Comisión Europea verificará en el primer semestre de 2021 si el Gobierno español está controlando la radiactividad de las aguas gallegas en la Fosa Atlántica. Durante algo más de tres décadas ocho países lanzaron unas 140.000 toneladas de residuos nucleares a una zona del océano situada a unos 650 kilómetros de Galicia. Y desde 2005 no hay constancia de inspecciones sobre el vertido. El Ejecutivo español no ha desvelado si hace seguimiento de la posible contaminación y la Xunta desconoce también si hubo algún tipo de control o qué resultados ha arrojado.
Deben ser los estados miembros los responsables de vigilar la radiactividad en sus aguas, según la Comisión Europea. Bruselas se había comprometido a verificar que se están haciendo estos trabajos en la Fosa Atlántica y preveía una misión de verificación en 2020. Sin embargo, la actual pandemia obligó a aplazar esa labor.
En una respuesta a la eurodiputada del BNG Ana Miranda, la Comisión Europea confirmó que verificarán el seguimiento de la radiactividad en aguas gallegas en el primer semestre de 2021.
"De esta manera, tenemos respuesta a una larga demanda de las asociaciones ecologistas gallegas, uno de cuyos emblemas es el barco Xurelo", remarcó Miranda. Este pequeño palangrero de Ribeira salió a altamar en 1981 para evitar que dos cargueros holandeses tirasen más bidones al mar. Un año después volvió acompañado de otros dos buques gallegos y el Sirius de Greenpeace. Su protesta contribuyó a que se dejasen de verter residuos nucleares en la Fosa Atlántica.
Aún así quedaron depositados entre 1949 y 1982 un total de 220.000 bidones. Allí siguen a 4.000 metros de profundidad, sometidos a una intensa presión y bajo la acción corrosiva del agua salada. Desde 2005 ninguna institución pública nacional ni internacional ha hecho público ningún seguimiento de la situación bajo el mar. La última inspección de la que se tiene constancia, en 2005, la desarrolló el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que determinó que los niveles de radiactividad eran muy bajos y que, en cualquier caso, se diluyen en el mar antes de alcanzar la costa.
Ana Miranda ve "totalmente comprensible" que las labores de verificación por parte de la UE se hayan retrasado un año por culpa de la pandemia. "El problema no es que debido a la situación causada por el coronavirus la misión pase de 2020 a 2021, sino que pasasen más de 40 años sin verificar en qué estado se encuentran los residuos", lamenta la eurodiputada.
La UE no hará un análisis propio de las aguas sino que comprobará el funcionamiento y la eficacia del sistema que utiliza el Gobierno español para medir la radiación marina.
"Pese a que según ha reconocido la Comisión, son los estados miembros los responsables de controlar la radiactividad de sus aguas, el Estado español no ha abordado específicamente ningún plan de control de la radiactividad en esta zona, aduciendo que esos depósitos están fuera de sus aguas", denunció Ana Miranda.
La eurodiputada del BNG se muestra "muy crítica" con la propia Comisión, ya que en su respuesta señala que las verificaciones se llevan a cabo periódicamente en virtud del artículo 35 del Tratado de Roma, según un programa continuado que los servicios de la Comisión actualizan periódicamente.
"Resulta inaudito que la Comisión diga que desarrolla un programa continuado cuando ha admitido que no dispone de información actualizada del estado de los bidones y que los últimos informes con los que cuenta, referidos a las aguas del atlántico norte, datan de 1990 y 2003", censura.
La portavoz nacionalista en Europa también recordó que, en mayo de 2019, el puerto de A Coruña acogió una protesta que contó con la participación del escritor Manuel Rivas, así como diferentes personas que estuvieron en el barco en 1981 para protestar por el impacto de estos residuos en el medio ambiente y los ecosistemas marinos.
