Dos administraciones con dos visiones diferentes sobre el fenómeno okupa en Galicia. Para la Xunta, las okupaciones de viviendas en la comunidad son un "problema cualitativo más que cuantitativo" y que generan "inquietud" a los propietarios y vecinos afectados. Para el Gobierno sin embargo los allanamientos de morada tienen una "baja incidencia" en la comunidad respecto a otros territorios y no suponen una "amenaza" para la seguridad pública, según los datos del Policía y Guardia Civil, con 129 denuncias presentadas el año pasado en la comunidad, lo que supone el 0,16% de todas las infracciones penales registradas en 2019. Así lo recordó ayer el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, tras reunirse con la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, para abordar un fenómeno creciente en la comunidad que en el primer semestre de este año dejó 79 delitos de okupación, un 34% más que el ejercicio pasado.

Este dato convierte a Galicia en la comunidad, de las cinco en las que aumentaron los asaltos a pisos y casas en plena pandemia, donde más repuntaron. Para tratar de agilizar los desalojos y dar una respuesta eficaz a cada caso, Xunta y Gobierno acordaron reforzar la colaboración y cooperación en materia de vivienda, con el intercambio de datos sobre este fenómeno y las políticas en la materia. Pero desde el Ejecutivo autonómico se proponen ir más allá y la conselleira de Vivenda urgió ayer al delegado del Gobierno a crear una comisión bilateral para el seguimiento de las okupaciones en la comunidad.

"Genera inquietud social, no solo por los número, sino también por el componente social que hay detrás de cada okupación ilegal de una vivienda", expuso la conselleira, para recordar el repunte de casos en plena pandemia en Galicia, aunque también quiso matizar que las denuncias en Galicia están seis puntos por debajo de la media nacional.

Para el delegado del Gobierno en Galicia, sin embargo las 79 denuncias de okupación registradas durante el primer semestre están muy por debajo de las contabilizadas en territorios como Cataluña (3.611) o Andalucía (1.183), al tiempo que quiso distinguir okupaciones con "k" de ocupaciones con "c". Las estadísticas que recogen Policía y Guardia Civil, apuntó Losada, son de okupaciones., en referencia a asaltos de primeras viviendas o segundas residencias. Para la otra categoría identificada por el delegado del Gobierno, destacó la línea de ayudas para el alquiler social y los programas del Covid para atender las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad.

Pese a las dos visiones que tiene cada administración sobre el alcance del fenómeno okupa en la comunidad, Xunta y Gobierno acordaron reforzar el intercambio de información para tener una radiografía de la situación y poder resolver con la mayor celeridad posible cada caso. Durante el encuentro, Losada expuso a la conselleira las diferentes medidas acordadas por el Ejecutivo central en materia de vivienda y Ángeles Vázquez recordó el mapa de okupaciones se se propone crear el Observatorio da Vivienda y el teléfono que se habilitará para que propietarios o vecinos denuncien los hechos.