Un simple recibo de la luz o un anuncio de alquiler en Internet sacan a la luz cada año miles de viviendas alquiladas en negro. Un consumo disparado para un piso que se supone vacío o los inmuebles que los propietarios publicitan en plataformas online hacen saltar las alarmas en la Agencia Tributaria, que nada más recibir los datos de las eléctricas o de revisar esos portales web donde se anuncia una vivienda en arrendamiento pone en marcha una investigación sobre los casos sospechosos. Aunque la presión fiscal ha logrado reducir los alquileres en B, Galicia suma casi 22.000 arrendamientos de pisos principales sin declarar (sin incluir el fraude de viviendas turísticas). En concreto son 21.819 los propietarios gallegos que cobran en negro, un volumen que supone el 16,1% del parque de viviendas arrendadas en las cuatro provincias, según datos del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) a partir de las estadísticas del IRPF y las estimaciones de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La cuantía total de estas rentas no declaradas en Galicia en 2018, según los últimos datos disponibles, alcanza los 66,5 millones -una media de 3.049 euros por cada inmueble-. Teniendo en cuenta la reforma fiscal de 2015, por la que se fijó una reducción del 60% de los rendimientos obtenidos por alquileres, el importe por el que no se tributó a Hacienda en la comunidad por esas casi 22.000 viviendas en negro supera los 26,6 millones. Sobre la estimación del fraude no hay cifras, ya que depende del resto de ingresos declarados por cada contribuyente así como de la situación personal y familiar.
Multas
Aquellos propietarios que sean sorprendidos por el fisco ya no solo tendrán que tributar por el 100% del rendimiento que le genera el arrendamiento de ese piso, advierten desde Gestha, sino que además deberán hacer frente a la correspondiente multa. En la mayoría de los casos suelen ser leves, por un importe del 50% de la cuota dejada de ingresar, pero que si hay conformidad y se procede al pago, se aplican dos descuentos que dejarían finalmente la sanción en el 26,25%.
Desde 2015 la tendencia en este tipo de fraude fiscal ha sido a la baja, en el conjunto de España y también en Galicia. Antes del endurecimiento de los controles por parte de la Agencia Tributaria, en la comunidad gallega se llegaron a superar los 30.000 arrendamientos de pisos en negro (una de cada cinco del parque de viviendas en arrendamiento en la comunidad) y más de un millón en el conjunto del país, con un porcentaje de casi el 49%.
Las 21.819 viviendas de alquileres sumergidos detectados suponen el 16,1% del parque en arrendamiento en Galicia, tres puntos menos que hace cinco años. Entonces, eran más de 23.000 los alquileres que se pagaban negro, (19,6% del total en la comunidad).
El porcentaje de arrendamientos en B en Galicia está por debajo del destapado a nivel nacional, que roza el 41%, lo que supone más del doble que la tasa gallega.
Desde el año 2012, la Agencia Tributaria reforzó las comprobaciones con visitas a los domicilios y el cotejo de datos de consumos en los hogares supuestamente vacíos para hacer aflorar los casos de economía sumergida en el mercado de la vivienda. En los últimos años puso el foco también en las plataformas online donde los propietarios anuncian el arrendamiento de su piso o casa.
Ante este rastreo, Hacienda incluyó un aviso en los datos fiscales de los contribuyentes que publicitaban alquileres en internet: "De acuerdo con los datos de que dispone la AEAT, usted ha realizado anuncios de alquiler de inmuebles en diferentes medios publicitarios, incluido internet. Le recordamos que, en caso de haber percibido rentas por alquiler, deben incluirse en la declaración, así como cualquier tipo de rente por la que deba tributar y no conste en los datos fiscales". Emplaza así a los afectados a incluir los arrendamientos en la declaración de la renta de este año, pero eso no eximía a los titulares de ese inmueble de la correspondiente multa de no haberlo hecho durante los cuatro años anteriores, ya que esos ejercicios no prescriben a efectos fiscales.
Para el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, en la tendencia "a declarar mejor" ha influido la información del consumo de energía eléctrica en los hogares facilitada por las empresas administradoras desde el año 2010, la información previa a la declaración de la renta a los arrendadores, la obligación de anotar el NIF del inquilino cuando se declaran los ingresos del arrendamiento, las comprobaciones de la Agencia Tributaria desde 2012. Para los técnicos de Hacienda, estas actuaciones, así como la inclusión del mensaje sobre los alquileres anunciados en internet en los datos fiscales, son eficaces ya que -concluyen- el arrendamiento fraudulento es una actividad ilícita que es fácil de descubrir y controlar, dado el perfil medio del propietario arrendador, que no realiza un fraude sofisticado.
