A la Xunta no le bastan las instrucciones de la Fiscalía del Estado y del Ministerio del Interior para agilizar el desalojo de las viviendas okupadas, una fenómeno al alza en todo el país y al que Galicia no es ajeno. Ante la alarma social que generan los allanamientos de morada, en primer lugar a los propietarios pero también a los vecinos, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, reunió ayer con el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, para analizar la situación en la comunidad y defender cambios legislativos para frenar esta problemática.

Uno de los objetivos básicos de la reforma que demanda pasa por otorgar a las comunidades de vecinos el derecho a actuar ante la Justicia para exigir el cese de las molestias e incluso la desocupación inmediata. Además, defiende arbitrar mecanismos jurídicos que permitan garantizar el desalojo cautelar del inmueble en las primeras horas de la okupación, así como un endurecimiento de las penas que, por una parte, disuada a los ocupas de la comisión del delito y por la otra, elimine la sensación de impotencia entre los afectados por este tipo de conductas.

Galicia fue durante el primer semestre de este año la comunidad donde más aumentaron las okupaciones ilegales de viviendas, al pasar de las 59 registradas entre enero y junio de 2019 a 79. Tras advertir de que el problema de los asaltos de viviendas en la comunidad gallega "se ha agudizado en 2020", Vázquez advirtió de la "necesidad urgente" de acometer a las reformas legislativas que sean necesarias para garantizar un marco jurídico "eficaz, definido y duradero" frente a las okupaciones.

Con todo, la conselleira consideró que no se trata solo de un problema cuantitativo sino cualitativo, al citar el componente social en tanto que afecta a los propietarios de los inmuebles ocupados y a los vecinos que sufren sus consecuencias.