18 de octubre de 2020
18.10.2020
La Opinión de A Coruña

Galicia necesita 5.000 pisos para cubrir la demanda de vivienda protegida en alquiler

Las áreas de A Coruña y Vigo acusan el mayor déficit, al menos 3.200 inmuebles - El sector propone el arrendamiento de protección con opción a compra en un máximo de diez años

18.10.2020 | 01:18
Bloque de viviendas de protección oficial en el barrio coruñés de Novo Mesoiro.

A cuentagotas se convocan sorteos de pisos de protección oficial en Galicia. Encontrar una vivienda de este tipo es una misión casi imposible a la vista de los datos de construcción de estos inmuebles durante los últimos años: de las más de 31.000 viviendas levantadas en la comunidad gallega en el periodo 2011-2019, apenas el 10% -en concreto, 3.023- tenían la calificación de protegidas. Este déficit se ha agravado con el aumento de las familias que necesitan este tipo de inmuebles debido a la crisis económica provocada por el estallido de la pandemia. En un análisis del mercado de la vivienda en Galicia, la patronal inmobiliaria pone cifras a las necesidades de pisos de protección en la actualidad en la comunidad: al menos 5.000 inmuebles en régimen de arrendamiento, ya que la mayoría de los demandantes -jóvenes menores de 35 años o mayores de 65 años que dependen de las pequeñas pensiones (en Galicia, las más bajas del Estado)- no pueden afrontar el desembolso que requiere una compra.

Las áreas de A Coruña y Vigo son las que arrastran una mayor demanda de este tipo de inmuebles. Para atender las necesidades de ambas zonas hacen falta al menos 1.200 viviendas protegidas para la ciudad coruñesa y su entorno y 2.000 para Vigo y los ayuntamientos limítrofes. El volumen en las otras cinco ciudades gallegas y sus áreas de influencia se queda muy por debajo de estas cifras: 500 para la zona de Santiago; 400 para Lugo, así como para Pontevedra; 300 para Ourense y 200 para Ferrol, según el análisis realizado por la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) a raíz del último boletín del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre este tipo de inmuebles, el plan de inversión de la Xunta para el periodo 2021-2025 presentado la semana pasada en el Parlamento y el impacto de la pandemia en el mercado residencial.

La vivienda de protección levantada en Galicia en la última década la coloca como la segunda comunidad con el porcentaje más bajo (9,7%), solo por detrás de Baleares (3,5%), y casi 13 puntos por debajo de la media nacional (23,7%). Las cifras registradas en el mercado residencial gallego se quedan muy por debajo del volumen de inmuebles construidos bajo esta protección en Navarra (casi 53%), Madrid (40,7%), País Vasco (37,9%) o Asturias (26,4%).

Desde la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), demandan un Plan Vive para la comunidad, que funcione como "plan de carga de trabaja al sector inmobiliario y todos los sectores económicos colindantes, así como "solución y estímulo" al acceso de la vivienda en alquiler para los más jóvenes. "Urgen 5.000 viviendas de protección oficial y de promoción público-privada en régimen de alquiler con opción a compra en un modelo contractual de hasta diez años", apunta el presidente de Fegein, Benito Iglesias. Con esta promoción se facilitaría el acceso a la vivienda a precios ventajosos no solo a los menores de 35 años que por su salario o situación personal no se pueden permitir arrendar una casa y menos asumir el 20% del precio que se pide como entrada.

Para la asignación de estas viviendas, los empresarios inmobiliarios señalan como colectivos preferentes junto con los jóvenes, los vecinos y trabajadores con una antigüedad de tres años en el municipio donde se encuentre el suelo (aquellos que por movilidad laboral tienen que desplazarse del lugar de residencia) y también los mayores de 65 años o familias con dificultades económicas.

Para ampliar la oferta de la vivienda asequible, la patronal inmobiliaria defiende un plan Vive en arrendamiento en el que se construya mediante colaboración público-privada. Es decir, la comunidad autónoma aporta los suelos, licitándolos mediante concesión a cambio de un canon y de la aplicación de una limitación en el cobro de las rentas de forma que estas viviendas se comercialicen a precios asequibles y solucionen una parte del problema del acceso a la vivienda que hay actualmente en Galicia, y de manera más acuciante en las siete ciudades.

El sector urge una nueva ley estatal de vivienda que impulse nuevas figuras de provisión de viviendas a un precio asequible, como derecho de superficie, la cesión de uso o el cohousing (cooperativa de vivienda pensada para personas mayores que quieren vivir de forma independiente pero con servicios comunes).

Otra línea que debe revisarse, apuntan, es la gestión del parque de viviendas vacías, con un marco legal que defina este tipo de inmuebles y al gran tenedor y así habilitar herramientas para que comunidades y ayuntamientos puedan detectarlas y movilizarlas con fines sociales. "En Galicia, que tiene el mayor parque de viviendas vacías de España, es una medida acertada siempre que no se intervenga el mercado libre de la vivienda y se estimule fiscalmente al propietario para que movilice su propiedad desocupada", defiende Iglesias.

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