Ya han pasado más de tres años y medio desde que el Tribunal Constitucional dictó los primeros fallos que anulaban el impuesto de plusvalía municipal cuando la venta de un inmueble no generaba ganancia alguna para el propietario, pero los contribuyentes siguen abocados al pago de una factura fiscal de tres ceros aunque no haya habido beneficio alguno. Pese a las reiteradas reclamaciones de afectados y de los propios ayuntamientos al Gobierno central para agilizar la reforma de la Ley de Haciendas Locales, en la que se fijarán los criterios para realizar el cálculo en base a las sentencias de inconstitucionalidad, sigue bloqueada en el Congreso después de haber iniciado su tramitación en febrero de 2018. Desde 2015, los ingresos municipales en Galicia por el cobro del llamado Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) se han quedado por encima de los 40 millones y en 2016 se alcanzó una recaudación récord con casi 47,7 millones de euros. En 2018, un año después de los primeros fallos del Alto Tribunal que tumbaban el tributo cuando había pérdidas, las ventas de inmuebles en suelo urbano, las herencias, permutas o donaciones dejaron en las arcas de los 115 ayuntamientos gallegos que cobran este impuesto -de carácter voluntario- 45,06 millones, según las liquidaciones definitivas de presupuestos municipales que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda. Se trata de la tercera cifra más elevada hasta la actualidad en Galicia -solo superada por los 47,65 millones de 2016 y los 47,43 de 2017- y que se queda un 27% por encima de los 35,4 millones que habían previsto los concellos durante la elaboración de sus cuentas.

Esta situación de vacío legal ha dejado en los últimos años un reguero de reclamaciones por parte de los afectados en el ayuntamiento de turno, que en su mayoría han sido desestimadas. La única alternativa que queda a los contribuyentes que afrontan minusvalías en sus operaciones en suelo urbano es recurrir ante los tribunales.

Las sucesivas sentencias dictadas por el Constitucional sobre la plusvalía municipal -las primeras en febrero de 2017 por las que se anula el impuesto cuando no hay ganancia alguna y la última en octubre del año pasado por el que también se tumba cuando la cantidad a pagar supera las beneficios obtenidos- no tuvieron efecto alguno en la recaudación de los ayuntamientos gallegos. Así el año en que se dictaron los primeros fallos, en Galicia se superaron los 47 millones frente a los 33,54 que habían previsto los ayuntamientos (+41,4%). Al año siguiente, tampoco (27% más de las estimaciones iniciales); y la vista de las cifras de ventas de 2019, las previsiones de los concellos se volverán a quedar cortas, ya que fijaron los ingresos por este tributo en poco más de 37 millones, según datos de los presupuestos del ejercicio pasado.

Por provincias, A Coruña es la que concentra el Galicia el grueso de la recaudación por la plusvalía: 20,56 millones en 2018, casi la mitad del conjunto autonómico y un 23,4% más que los 16,6 millones que preveían los ayuntamientos coruñeses. Le sigue en el ranking Pontevedra, con 12,77 millones ingresados (el 28,3% de Galicia y un 14,11% por encima de las estimaciones iniciales). Lejos de estas cifras están los concellos de Ourense, con 7,93 millones, casi el doble de lo previsto en las cuentas, y finalmente Lugo, con 3,79 millones, un 23,6% más que los cálculos para ese ejercicio.

Los cálculos hechos por la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) auguraban una caída en la recaudación del impuesto de plusvalía debido a las sentencias de inconstitucionalidad de al menos el 20%. Aunque la incógnita sobre la administración que deberá devolver el importe mal calculado -los ayuntamientos exigen que sea el Gobierno central ya que se trata de una normativa de carácter estatal que los ayuntamientos se limitan a cumplir-, la previsión de Hacienda era restringir las devoluciones a los afectados desde el 15 de junio de 2017, fecha en la que el BOE publicó la sentencia del Constitucional, lo que dejaría fuera a miles de contribuyentes con pérdidas en operaciones en suelo urbano durante los cuatro ejercicios anteriores al primer fallo del Alto Tribunal.

En enero de 2018, los ayuntamientos, a través de la FEMP, pactaron con Hacienda la reforma del impuesto de plusvalía, en la que quedaban exentas las ventas con pérdidas y se recogía la actualización anual del valor de los inmuebles. Solo un mes más tarde, la propuesta echó a andar en el Congreso en una tramitación "urgente". Pero hace casi un año el procedimiento se dio por "caducado" tras la disolución de las Cortes. La falta de acuerdo entonces para formar Gobierno y la convocatoria del 10-N paralizaron el proceso. Con el nuevo Ejecutivo, con una gestión marcada por la crisis sanitaria del Covid, la tramitación de la reforma debe partir de cero.