El serial político del concello de Ourense sumó ayer un nuevo capítulo, el de la represalia definitiva del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, contra los cuatro concejales de Democracia Ourensana (DO) que lo denunciaron ante la Fiscalía por supuestas irregularidades contables. El regidor anunció ayer su expulsión de su partido y los declaró "tránsfugas".

Jácome, al que abandonaron esos cuatro ediles dejándolo solo con el apoyo de otros dos de 27 tras la suspensión de su pacto por parte del PP, afirmó que la decisión la había tomado la asamblea de DO, del que no se conocen otros afiliados que el propio alcalde, y advirtió a los concejales críticos que los denunciará ante el juzgado si utilizan el correo electrónico de "grupo mayoritario de DO" para enviar sus comunicados de prensa u otro elemento corporativo.

A través de una nota de prensa y de las redes sociales, el regidor expuso que a partir de ahora "los concejales expulsados del Grupo Municipal de DO Miguel Caride, Maite Rodríguez, María Dibuja y Manolo Álvarez pasarán a formar parte del grupo de concejales no adscritos".

Zombies

Añade que estos "quedarán como zombies en la corporación el resto del mandato, aunque ojalá se presenten con un nuevo partido a las elecciones de 2023", críticas que se producen mientras el resto de partidos abordan la posibilidad de una moción de censura para retirarle el bastón de mando.

Jácome también recordó que "a partir de ahora ya no tendrán derecho a nómina, ni a local o asignación económica por grupo, ni a tiempos de intervención estándar, pero podrán cobrar 340 euros por pleno". Desde que fueron cesados de sus cargos en el gobierno local ya no percibían sueldo alguno.

Pero para "la asamblea de DO" como llama Jácome a su partido, amenazado de disolución por el Ministerio de Interior por no renovar se desde 2001, año de su fundación, la expulsión de los críticos viene dada por deslealtad. "Estamos ante lo más despreciable que puede existir en una formación política, la alta traición", definió.

Rechazó también "uno de los subterfugios más absurdos que esgrimieron los tránsfugas en sus alegaciones, es que Gonzalo Jácome no es representante legal del partido porque su cargo debería estar caducado al no renovarse hace 10 años", argumento que no considera válido.

Los concejales expulsados de Democracia Ourensana anunciaron ayer una demanda civil de nulidad contra el acuerdo que los deja fuera del partido fundado por Jácome, denunciado ante la Fiscalía por supuestas corruptelas como exigirle a colaboradores y personal de confianza parte de su sueldo para las arcas del partido sin que existiese control sobre su gasto.