Después de 42 horas de negociación, los países de la Unión Europea lograron llegar a un acuerdo para la nueva Política Agraria Común (PAC) que regulará el campo europeo a partir de 2023 y hasta 2027 con el objetivo de que cada vez sea más verde. España ingresará una cantidad cercana a los 48.000 millones de euros y la Xunta, que espera recibir una financiación similar a la del periodo actual (cercana a los 2.400 millones), valora el acuerdo como "insuficiente" y pide "más tiempo y dinero" para que los agricultores y ganaderos gallegos puedan adaptarse a las nuevas exigencias medioambientales con garantías.

José González, conselleiro de Medio Rural, tras conocer el acuerdo, reclamó al Gobierno de España que fortalezca los presupuestos para el sector primario con más dinero de los fondos de reconstrucción. Además, instó al Ejecutivo central a especificar la cantidad que podría recibir el sector primario de la autonomía gallega de esos 140.000 millones de euros. González destacó que la suma de esos fondos permitiría "compensar" una posible pequeña rebaja de la PAC para el periodo 2023-2027, que, además, establece medidas adicionales en materia de "sostenibilidad medioambiental". "Hay que facilitar a los agricultores y ganaderos gallegos con más tiempo y dinero la transición a la nueva PAC más verde", remarcó José González.

Pese a todo, el conselleiro de Medio Rural consideró una "buena noticia" que se reserve un 20% de los pagos directos a los nuevos ecoesquemas que introduce la reforma (uno de los flecos que atrasó el acuerdo y que pretende incentivar a los productores que trabajen el campo a partir de prácticas sostenibles). En relación con el sector del vino, también valoró que se incremente el periodo de los derechos de plantación.

Sin embargo, González mostró su "preocupación" por el hecho de que desde el Gobierno central ya se estén anunciando ayudas para sectores como el de los olivos, que favorecerán solo la determinadas zonas del territorio español. En ese sentido, demandó que "se atienda a todas las comunidades y sus especificidades, contemplando en el caso gallego sectores como los sotos de castaños y, en general, las pequeñas explotaciones agroganaderas propias de nuestro territorio". Asimismo, mostró su desacuerdo con el decreto de tratamientos de purines que elabora el Ejecutivo central, al que, por cierto, la Xunta "va a presentar alegaciones".

Además, subrayó su postura a favor de respaldar a los "agricultores genuinos" frente a los que tienen grandes extensiones de terreno y abogó por "limitar las ayudas" a un máximo de 60.000 euros por explotación, ya que, en su opinión, esto favorece a las más pequeñas y "beneficia claramente a los agricultores y ganaderos gallegos".

Por último, el conselleiro de Medio Rural resaltó que Galicia ha hecho los "deberes" al crear un grupo de trabajo con la USC que permite "ver todas las proyecciones de cómo afecta" a las explotaciones gallegas la futura arquitectura de la PAC.