Los ayuntamientos gallegos vuelven a tener una fuente de financiación en el sector de construcción, aunque no llega a los niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria. En 2019, y tras tres años de caída, que hubiesen sido seis si no se hubiese producido un leve repunte en 2015, los concellos recaudaron 32,4 millones por el ICIO: el Impuesto indirecto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. El ICIO es un canon que tienen que abonar las empresas constructoras a los ayuntamientos por realizar las obras y reformas. Los 32,4 millones suponen un incremento del 32% con respecto a 2018 y es la mejor cifra desde 2013 cuando recaudaron 37,1 millones. El ICIO es uno de los indicadores que se utilizan para medir el impacto que ha tenido la crisis de la construcción, en este caso, en las cuentas de los ayuntamientos. Sus cifras muestran cuál ha sido la huella negativa que ha dejado en las arcas municipales.

Los concellos consiguen parte de sus ingresos todos los años a través de cinco grandes impuestos: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI); el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM); el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE); el Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Este último llegó a representar antes de la crisis el 5% de todos los ingresos de los ayuntamientos gallegos y con el boom de la construcción se convirtió en una fuente casi inagotable de recursos. Pero el pinchazo de la burbuja inmobiliaria casi cerró el grifo de esta partida. En 2008, año en el que arrancó la crisis económica con la caída de Lehman Brothers, los municipios de la comunidad presupuestaron que iban a recibir del impuesto de construcciones 117,7 millones. En 2019, la previsión fue de 32,4. Es decir, tres veces menos o el 72% menos.

Al comienzo de la crisis, la previsión de recaudación de este impuesto era el 5% de todos los ingresos que esperaban obtener los ayuntamientos. En 2019 cayó al 1,1%. En 2008 era el tercer impuesto con mayor recaudación, tras el IBI y el IAE. En 2019, fue el quinto y último, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Pero la herida que ha dejado la crisis de la construcción no ha sido la misma en todos los concellos, ya sea por la provincia en la que están o por el número de habitantes. Por provincias, el mayor desplome porcentual por este canon correspondió entre 2008 y 2019 a los municipios de Pontevedra, con un descenso de recaudación del 79,9%, seguidos de los de A Coruña con un 71,4%; Ourense con un 69,2%; y Lugo con un 54,6%. Los municipios de la provincia de A Coruña pasaron de prever una recaudación de 60,6 millones en 2008 a 17,4 en 2019; los de Pontevedra, de 37,4 a 7,5; los de Lugo, de 13 a 5,9, y los de Ourense de 6,5 a 2 millones.

Según el número de habitantes de cada ayuntamiento, en los de menos de 5.000, la caída ha sido del 46,7% al pasar de los 12,2 millones de 2008 a los 6,5 del año pasado. En los de 5.000 a 20.000 habitantes y en los de 20.000 a 50.000 el desplome fue superior al 70%. En el primer caso, del 81,1% (de 55,3 a 10,4 millones) y en el segundo, del 72,2% (de 22,7 a 6,3).

En las siete grandes ciudades la bajada de la recaudación por el negocio inmobiliario fue menor. De las que tienen entre 50.000 y 100.000 habitantes (Santiago, Ferrol, Lugo y Pontevedra) la previsión de ingresos por el Impuesto indirecto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras disminuyó un 66,6% entre 2008 y 2019. Esta tasa había reportado a estos cuatro consistorios 12,6 millones al inicio de la crisis y 4,2 durante el ejercicio pasado.

Los tres grandes ayuntamientos gallegos que superan los 100.000 habitantes (A Coruña, Vigo y Ourense) tenían previsto recaudar 14,7 millones hace once años y 4,8 en 2019. El recorte ha sido del 67,3%.