"El coronavirus no ha hecho otra cosa que aumentar el atasco en la justicia gallega que ha habido siempre". Esta es la respuesta que da cualquier persona que está relacionada con la justicia en la comunidad, ya sean jueces, abogados, procuradores o funcionarios. La consecuencia es que el Covid ha dado una vuelta más de tuerca a la ya saturada justicia gallega. Hay ya señalamientos en algunos juzgados, sobre todo de lo Social, para finales de 2024. Cuatro años. Y lo peor, apuntan las fuentes consultadas, está aún por llegar.

"Lo que pasa en la sociedad repercute en la Justicia", asegura un trabajador de un juzgado. Se esperan más ERTE, ERE, despidos y cierres de empresas en los próximos meses. Y muchos de estos conflictos laborales se tendrán que dirimir en los juzgados. Los ERTE, que aún están vigentes, y que los concursos de acreedores no se tengan que presentar hasta el último día del año están conteniendo la avalancha, reconocen las mismas fuentes. Los primeros juzgados que empezarán a notar este incremento -ya lo están haciendo- son los de lo Social, sobre todo a partir de noviembre, y después irán los de Mercantil (cierres de empresas...), Contencioso-Administrativo (sanciones, multas...) y los de Civil (impagos de alquileres...). Estos últimos para el próximo año.

Los retrasos de hasta cuatro años se dan, sobre todo, en los juzgados de lo Social, en su mayor parte debido a reclamaciones de cantidades, es decir, demandas de trabajadores por deudas de las empresas. Los casos por despido suelen tener preferencia, aunque también tienen retraso, y la crisis derivada de la pandemia hace temer que la avalancha de estos procedimientos en los juzgados está aún por llegar.

La justicia gallega, además, tiene una particularidad. Entre febrero y mayo de 2018, se produjo una huelga de funcionarios que elevó casi un tercio las causas pendientes en todos los órganos judiciales. Cuando estos empezaban a aligerar el trabajo llegaron los casi tres meses de parón por el estado de alarma.

"La pandemia ha puesto de manifiesto la falta de personal y la descoordinación entre la Xunta, el Ministerio de Justicia y el Tribunal Superior de Xustiza", explica un trabajador de un juzgado. "Es cierto que la pandemia ha retrasado todo y que hay una mayor carga de trabajo que antes, pero la sobrecarga viene de atrás", asegura. "Falta personal y medios", sentencia. "Hacienda tiene todos los medios que necesita porque es la encargada de recaudar, pero la Justicia no. No interesa que vaya rápida", afirma. A finales de 2019, había señalamientos para principios 2024. Sin embargo, con la crisis del coronavirus el plazo se ha alargado hasta finales de ese año.

De este atasco no tiene solo la culpa el coronavirus. La congestión empezó a crecer en 2018 cuando, después de varios ejercicios por debajo de los 150.000 casos sin resolver, se volvió a superar esta barrera de la que los juzgados ya no han logrado bajarse. Y hay una razón: la larga huelga de casi tres meses protagonizada por los funcionarios judiciales en 2018. Y el parón de tres meses que causó el confinamiento al que obligó la pandemia ha derivado en cifras récord: los datos del Consejo General del Poder Judicial muestran que a 30 de junio de este año en los juzgados de la comunidad había más de 166.000 asuntos a la espera de ser resueltos. Son un 10% más que en el mismo periodo del año pasado y la cifra más alta desde los 176.000 de 2010.

Las montañas de expedientes y las sentencias sin ejecutar se acumulan en los juzgados de la comunidad que es la cuarta con mayor colapso después de que tras la pandemia la tasa de congestión se haya disparado hasta el 78%. Y según los abogados y trabajadores de los juzgados, se prevé un "masivo incremento" de la litigiosidad en los próximos meses como consecuencia de la crisis económica lo que provocará un incremento del atasco en los juzgados.