España contará con 140.000 millones de euros de los fondos europeos para la recuperación económica. De ellos 72.000 millones serán transferencias directas y las comunidades autónomas gestionarán la mitad, según avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el transcurso de la Conferencia de Presidentes que se celebró ayer y que contó con la presencia de la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El resto del dinero serán créditos que podrán gastarse hasta 2026. Los criterios de reparto de estas ayudas todavía están sin definir. Los gobiernos autonómicos coincidieron ayer en reclamar "claridad" sobre las reglas para distribuir estos fondos. El jefe del Ejecutivo gallego advirtió de que "no cabe un reparto por cuotas, ni territorios, a la carta, ni en base a criterios políticos o partidistas". "El sistema debe estar basado en la transparencia y la objetividad", reclamó.

Galicia ya ha seleccionado 108 proyectos que podrían movilizar 9.400 millones de euros como candidatos a estos fondos Next Generation. Feijóo reclama que el reparto de fondos se haga por concurrencia competitiva y se financien aquellas propuestas "viables para la economía del futuro y no cortoplacistas". Pero además la Xunta considera que debe haber una "discriminación positiva" para aquellas comunidades con "más necesidad de reformas estructurales y fallos de mercado". En concreto, Feijóo defiende que se tenga en cuenta la despoblación, el reto demográfico, la dispersión poblacional, la transición industrial y tener un nivel de renta per cápita por debajo de la media, criterios que permitirán a Galicia salir reforzada en el reparto de las ayudas que lleguen de Bruselas.

El presidente de la Xunta advirtió de que no se puede repetir el Plan E del Gobierno de Zapatero que se puso en marcha en 2008 y que "solo sirvió para ocultar la situación de España" en medio de un panorama de crisis financiera.

Por eso, coincidió con lo expresado por Ursula von der Leyen en la Conferencia de Presidentes: "se deben aprobar inversiones de calidad". "No se pueden autorizar proyectos que luego a la larga conlleven incrementos de gasto", advirtió.

La presidenta de la Comisión Europea emplazó a las comunidades y a las entidades locales a impulsar "reformas valientes e ideas audaces". En su opinión, es necesario que las autoridades locales y autonómicas se involucren desde el primer momento y sean capaces de llevar a cabo proyectos innovadores que supongan una transformación y modernización de las ciudades y regiones.

Durante la reunión con los presidentes autonómicos se planteó la duda acerca de si el Gobierno español solicitaría los 140.000 millones de euros que le corresponden a España o renunciaría a la parte de 70.000 millones que la UE concede en forma de préstamos. Sánchez aclaró que solicitarán toda la ayuda de que le ofrece Bruselas, aunque priorizarán los 72.000 millones de euros en transferencias directas, puesto que su intención es ejecutarlos en los tres primeros años.

Según explicó, los gobiernos autonómicos serán los encargados de ejecutar el 50 por ciento de estas inversiones directas puesto que están destinados a áreas que son prácticamente competencia de las comunidades.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, explicó que 4.500 millones de euros irán destinados a la rehabilitación sostenible de viviendas, 2.500 millones para transición ecológica, 7.000 millones para políticas educativas, 2.000 millones para proyectos que tengan que ver con la nueva economía de los ciudadanos y la igualdad de oportunidades y 600 millones para modernización y digitalización de las administraciones públicas.

En todo caso, la UE todavía no ha aprobado el reglamento de funcionamiento de estos fondos Next Generation. Las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo siguen atascadas.

Ante el retraso la Comisión Europea comunicó a España que puede emitir deuda pública a la espera de recibir las subvenciones de la UE.

"A finales de año Bruselas prevé aprobar las reglas de reparto y después el Gobierno español definirá los criterios para distribuir los fondos entre las autonomías", explicó Feijóo, que aseguró que "no le consta" que Galicia pueda beneficiarse ya en 2021 de estas ayudas.

Aún así, según trasladó el Gobierno a los presidentes autonómicos, en el anteproyecto de Presupuestos del Estado para 2021 se contemplan ya 27.000 millones de euros con cargo a fondos europeos, de los cuales la mitad serán gestionados por las comunidades.

Autonomías como Castilla y León coincidieron con Galicia en pedir unos criterios de reparto que valoren la despoblación y el porcentaje de población rural. Otras como Canarias reclaman que se tengan en cuenta la población, la tasa de paro o el impacto de la crisis del coronavirus en el Producto Interior Bruto.

Las comunidades gobernadas por el PP coincidieron en reclamar criterios "transparentes y objetivos" en el reparto de los fondos europeos para lo cual propusieron una agencia evaluadora externa que se asegure de que se cumplen esos requisitos.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, criticó ayer que Feijóo no pida la territorialización de los fondos europeos. "Es incomprensible", lamentó. En su opinión, Galicia saldrá "una vez más discriminada ante el riesgo de que no se tenga en cuenta su realidad sanitaria, económica y social".