Galicia está confinada de facto porque las comunidades limítrofes y el norte de Portugal han dedicido bloquear las entradas y salidas para contener los contagios de Covid-19. La Xunta, sin embargo, descarta de momento emular esa medida, que han anunciado ya casi todas las autonomías, siendo Cantabria la última esta misma mañana. "Con los datos de ayer, no contemplamos el cierre de los 313 concellos", avanzó hoy el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo.
Aun así, el dirigente reconoció que "preocupa la situación de las ciudades" y que el comité clínico que se reúne mañana tomará medidas para frenar la curva.
En lo tocante a la pandemia, la comunidad mueve ficha jurídica ante la negativa de momento del Gobierno central a impulsar una ley específica para atajar la emergencia generada por el Covid-19. Feijóo volvió a defender esa opción frente a un estado de alarma de seis meses "que parece más un estado de excepción" y que no puede ser "intermitente" durante todo el año que viene a expensas de la duración de la pandemia.
Así, su partido, el PP, que goza de mayoría absoluta, llevará a la Cámara gallega un proyecto legal para gestionar una situación de pandemia con la intención de blindar jurídicamente las restricciones aplicadas ya en los últimos tiempos sin necesidad de esperar a los autos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
La legislación podrá obligar a vacunarse contra el Covid si las autoridades sanitarias estatales incluyen esta inmunización en el calendario y castigará económicamente a quien se salte cuarentenas, realización de pruebas diagnósticas o confinamiento domiciliario. Las multas irán de 100 euros a quien no porte mascarilla hasta un máximo de 3.000 en el caso de las leves. Las graves, de 3.001 a 60.000 euros y las muy graves podrán alcanzar los 600.000.
