El Gobierno ha asignado un presupuesto de 11,3 millones a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en 2021 para desarrollar medidas de reparación a las víctimas, como por ejemplo un Plan de Exhumación de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Según la estimación oficial realizada por parte de los organismos internacionales de derecho humanitario que el Ejecutivo toma de referencia, 114.226 cadáveres de represaliados que todavía hoy permanecen en fosas.
Las cuentas públicas para 2021 presentadas ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destinan un presupuesto de 261,6 millones al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, y del que depende la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. De esa cuantía, 11,3 millones están previstos para desarrollar medidas relativas a la reparación de las víctimas y a la conservación, defensa, fomento y divulgación de la Memoria Histórica, así como, en un futuro, de la ley de memoria democrática, que acaba de comenzar su tramitación y que todavía no está en vigor.
Entre las tareas principales figuran, como estaba previsto, el plan de exhumaciones. "La búsqueda de estos desaparecidos constituye una obligación y responsabilidad del Estado, por lo que deberá configurarse como una auténtica política pública que tendrá impulsar y acometer el Gobierno de manera directa", explica el Gobierno.
Además, ese presupuesto de 11,3 millones se dedicará a otras cuestiones como subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para actividades relacionadas con la Memoria Histórica; o a la creación de un Banco Nacional de ADN, para facilitar la identificación de los restos exhumados.
También destinarán parte del presupuesto a la apertura de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, que tendrá como objetivo de dar apoyo y asesoramiento a los ciudadanos en relación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
