A partir de febrero, los restaurantes gallegos deberán ofrecer a sus clientes la comida sobrante que hayan pedido so pena de multas de hasta 900 euros. La reforma legal será efectiva un año más tarde de lo previsto inicialmente por la Xunta, impulsora de la medida, debido al adelanto de las elecciones autonómicas a abril, aunque la pandemia de Covid-19 obligó finalmente a celebrarlas el pasado 12 de julio.

Los planes de la Consellería de Medio Ambiente pasan por remitir al Parlamento de forma inminente la nueva Lei de residuos e solos contaminados y que esta sea aprobada inicialmente en el Parlamento el 9 de diciembre para recibir luz verde definitiva en enero. Un mes después, entrará en vigor.

Será el tercer proyecto legislativo aplazado que la Xunta saca adelante, pues la próxima semana prevé la aprobación inicial en la Cámara de los textos de Ordenación do Territorio y de Pesca continental de Galicia, según avanzó ayer el portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy. Su grupo, con mayoría absoluta, sostiene al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y en el debate a la totalidad rechazará las enmiendas plenas de la oposición.

En el caso de la normativa de residuos, las nuevas restricciones y medidas para reducir la polución medioambiental coincidirán con los efectos de la pandemia sobre la hostelería, que ya urge nuevas ayudas económicas para paliar la caída de ingresos y evitar quiebras masivas debido a la crisis económica desatada por el coronavirus.

De cumplirse el plan de la administración autonómica, a partir de febrero los restaurantes estarán obligados a ofrecer a sus clientes la comida sobrante de sus pedidos "preferiblemente en recipientes que no sean de un solo uso", según reza el proyecto legal, cuyas enmiendas a la totalidad de BNG y PSdeG será tumbadas.

En este punto, los hosteleros advirtieron en su momento de que no asumirían el incremento de costes y se los repercutirían a los clientes. Además, rechazaron responsabilidades en caso de intoxicaciones por no conservar alimentos una vez retirados de su establecimiento, cuestión que pidió aclarar también el Consello Económico e Social en su dictamen sobre el proyecto legal. La Xunta aclaró finalmente que "la conservación ulterior de los alimentos entregados será responsabilidad de la persona usuaria que contrató el servicio". Esta ley también prohibirá desde febrero, cuando Medio Ambiente prevé su entrada en vigor, la venta de vajillas de plástico, que se unirá a la desaparición de las bolsas de este material en 2021. Incumplir estas obligaciones supondrá multas de 901 a 45.000 euros.

Las dos primeras normas atrasadas que recuperará la administración gallega a través del grupo del PP son la nueva Lei de Ordenación do Territorio y la de Pesca continental, cuyo debate a la totalidad abordará el próximo martes la Cámara.

En el primer caso, la ley simplificará la gestión urbanística "de las próximas décadas", según aseguró en su día Feijóo, y facilitará el trabajo de los ayuntamientos ante proyectos de interés autonómico.

El texto reduce de seis a cuatro las figuras de ordenación urbanística: las Directrices de Ordenación do Territorio, los planes sectoriales (integrados y especiales), los planes sectoriales y los proyectos de interés autonómico. Además, los concellos no tendrán ya que modificar sus planes urbanísticos cuando se apruebe un plan sectorial y de interés autonómico. Lo hará la Xunta.

La Lei de Pesca continental actualizará una normativa con tres décadas de antigüedad. Entre las novedades, incluye multas de hasta dos millones de euros contra el furtivismo en los ríos y, además, menores de edad y mayores de 65 años quedarán exentos del pago de las tasas por la obtención de los permisos.