Mayor demanda de justicia gratuita, pero menos abogados de oficio. Este es el resumen a grandes rasgos de la situación en la que se encuentra la asistencia jurídica gratuita en Galicia. En el último año, se ha producido un incremento del 12% de la demanda de este tipo de servicio, destinado a quienes necesitan un letrado, pero no disponen de recursos para contratarlo. Por el contrario, el número de abogados adscritos al turno de oficio que hay en la comunidad ha caído un 21% en los últimos tres años: de los 8.806 de 2016 a los 6.942 de 2019, según el XIV Informe del Observatorio de Justicia Gratuita en España, elaborado por Abogacía Española y Wolters Kluwer. Y con la pandemia del coronavirus se prevé que aumente aún más la demanda de la asistencia jurídica gratuita.

¿La causa de este descenso de abogados de oficio en Galicia? "Las condiciones en las que se presenta el servicio. No merece nada la pena, para nada, en absoluto. No compensa", resume una letrada del turno de oficio. La retribución media que percibe un defensor por cada expediente es de 220 euros. "Perdemos dinero", asegura.

En 2018, Galicia, con 9,7 millones de euros y un 3,5% menos con respecto al año anterior, había sido la comunidad que más redujo la inversión en Justicia gratuita, debido, sobre todo, a los cuatro meses de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia. Y este recorte en la comunidad se dio cuando a nivel nacional la inversión en esta materia había regresado a niveles anteriores a la crisis con un desembolso de 269 millones, lo que supuso un aumento del 10,6% respecto a 2017.

Sin embargo, en 2019 el presupuesto para esta partida en Galicia alcanzó los 10,8 millones tras incrementarse un 11%. Pese a ello, fue la sexta comunidad con menor inversión por habitante en justicia gratuita: cuatro euros por persona, 1,7 menos que la media nacional.

Los 10,8 millones que se invirtieron sirvieron para atender 56.859 asuntos, de los que 13.321 correspondieron al Colegio de Abogados de A Coruña; 12.706 al de Pontevedra y 9.338 al de Vigo. Los 16.000 restantes se los repartieron los órganos colegiales de Lugo, Ourense, Santiago y Ferrol.

De los casi 57.000 asuntos atendidos en 2019 -que representaron un 12% más que en 2018-, un total de 34.486 (el 61%) correspondieron al servicio del turno de oficio, 19.630 (el 34%) a la asistencia letrada al detenido y 2.743 (el 5%) al servicio de violencia de género. La retribución media que percibió un abogado en Galicia del turno de oficio por cada expediente fue de 220 euros, 73 más que la media nacional.

El estudio también revela que de los 10,8 millones que se invirtieron en este servicio el año pasado, 2,8 se destinaron al Colegio de Abogados de A Coruña, que cuenta con 807 letrados adscritos al turno de oficio (50 menos que hace un año); 2,3 millones al de Pontevedra, con 542 abogados (11 menos) que cubren la asistencia jurídica gratuita; y 1,8 al de Vigo que posee 652 letrados (tres menos).

La inversión en justicia gratuita a nivel nacional creció un 6% hasta los 285,8 millones, lo que se traduce en 147 euros por cada uno de los dos millones de asuntos tramitados. La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, asegura en el prólogo del informe que "147 euros apenas sufragan una mínima parte de los desplazamientos, esfuerzo y dedicación que necesitan cada uno de esos dos millones de problemas a los que se enfrentan quienes no tienen los medios económicos suficientes para contratar a un abogado". "Por eso seguiremos reclamando baremos más próximos al coste real de los servicios, así como más inmediatez en el pago", explica.

Andalucía volvió a ser la comunidad con más asuntos atendidos. Durante 2019, tramitó 460.505 solicitudes de ciudadanos con más del 23% del total gestionado a nivel nacional. A continuación, se encuentra Cataluña con 373.339 que suponen cerca del 19% del total.

Cataluña sigue siendo la comunidad que más invierte en Justicia gratuita, un 20% del total de inversión a nivel estatal, con 58 millones y un incremento cercano al 3% con respecto a 2018. A continuación, está Andalucía con 46,4 millones y una subida al 10%, que desbanca por segundo año a Madrid que ocupa el tercer lugar con 44,8 millones y un alza de casi el 7%. Estas tres comunidades acaparan el 52% de las inversiones totales de toda España en Justicia gratuita. Comunidad Valenciana y Canarias ocupan los siguientes puestos con una inversión de 37 y 18 millones respectivamente, seguida de País Vasco con 14,7 millones.