La Audiencia Provincial de Pontevedra ha rechazado el recurso de un prestamista de Tui al que el juzgado había condenado por delito de amenazas por expresiones tales como que "sino le pagaba, le metería un tiro en la cabeza", "que iría a por él y su familia" y que "enviaría a dos hombres a hacerles daño y que le cortaría en pedazos". Todo comenzó en junio de 2016 cuando un hombre suscribió un contrato de préstamo en que otro hombre le dejaba la cantidad de 25.000 euros cuya devolución, con un recargo de 6.500 euros en concepto de intereses, debía ejecutarse el 31 de agosto de ese año, con una penalización diaria de quinientos euros por día en caso de incumplimiento. Como el hombre no cumplió los términos, ambas partes formalizaron una ampliación de la fecha límite del pago, con la condición de que el denunciante devolviese 38.500 euros, de los que 13.500 tenían el carácter de intereses. Se realizaría en dos pagos, uno por 7.000 euros el 1 de septiembre de 2016 y otro por 3.500 el 30 de ese mismo mes y año.

Tras más farragosos acuerdos entre uno y otro, finalmente el 19 de noviembre de 2016 el prestamista reclamaba 50.000 euros que el denunciado debía devolver el 31 de marzo de 2017 con la previsión de que, en caso de que no se cumpliese tal acuerdo, debería pagar un 10% mensual sobre el dinero prestado hasta su completa liquidación, más una posible multa por incumplimiento de seiscientos euros diarios fuese cual fuese la suma debida. Es decir, en apenas cinco meses, la cantidad reclamada por el prestamista pasó de 25.000 a 50.000 euros.

El dinero prestado continuó sin ser devuelto, y ambos firmaron un contrato de reconocimiento de deuda por el que el primero admitía deber la cuantía de 54.500 euros, que se comprometía a pagar en un plazo máximo de seis meses, mediante un abono de 4.500 euros entre el referido día y las 13.30 horas del 28 de junio de 2017 y un pago de 50.000 euros antes de las 13.30 horas del día 22 de diciembre de 2017.

La autoridad judicial corrobora que el prestamista "profirió reiteradamente expresiones de contenido amenazador". Por eso el juzgado decidió condenar al prestamista como autor responsable de un delito leve de amenazas a la pena de tres meses de multa a razón de cincuenta euros diarios.