No todos los que cometen un delito acaban entre rejas. Multa o trabajos en beneficio de la comunidad es la alternativa. Los condenados por un delito menor tienen la opción de eludir el ingreso en prisión y sustituir el pago de una sanción por la ejecución de una actividad social. Limpieza de cunetas, labores de jardinería, asistencia a lesionados en accidentes de tráfico, actividades de formación en bibliotecas? son algunas de las condenas impuestas como pena alternativa a la cárcel por un periodo que puede ser de poco más de 30 días a más de 350 jornadas. Se trata de una especie de segunda oportunidad para el condenado, pero bien por falta de plazas suficientes o por los retrasos en la ejecución de las sentencias, la lista de espera para el cumplimiento de los llamados trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) se hace cada vez más larga. Y en algunos casos acaban prescribiendo y, en consecuencia, las órdenes judiciales quedan sin cumplir. Al cierre del segundo trimestre de este año eran cerca de 38.900 las penas alternativas al ingreso en prisión pendientes de ejecutar en España. En Galicia, el stock de este tipo de condenas roza las 2.300, casi el 6% del total en el conjunto del país, según las últimas estadísticas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Entre los meses de abril y junio, los jueces emitieron en España 7.946 mandamientos para el cumplimiento de la pena en régimen abierto, de las que 465 corresponden a condenas dictadas en la comunidad gallega, el 5,85% del total.
Ya durante el primer trimestre del año, las penas alternativas a prisión se redujeron ligeramente respecto al mismo periodo de 2019. La caída en la media nacional fue más acusada que en el mapa gallego: de 21.070 se pasó a 18.940 en el conjunto del país (-10%); y en el caso de Galicia se mantuvieron prácticamente las mismas cifras: de 1.254 a 1.240 (-1,1%). Pero el impacto del Covid, con las restricciones y el parón de la actividad impuestos por el estado de alarma decretado el 14 de marzo, produjo un desplome en este tipo de penas. Así en el ámbito nacional cayeron casi un 62% (durante el segundo trimestre del año pasado alcanzaron 20.855 sentencias), pero en la comunidad gallega la reducción fue mayor: hasta un 70% (entre abril y junio de 2019 se dictaron 1.546 penas y medidas alternativas al ingreso prisión).
Este tipo de condenas comenzaron a aplicarse en España en el año 2004 como alternativa al pago de una multa y al ingreso en la cárcel para los considerados delitos menores (violencia de género -más del 80% de los condenados por agredir a su pareja elude la prisión con trabajo en beneficio de la comunidad-, seguridad vial, lesiones o contra el patrimonio). Pese a que jueces y fiscales evitaron en un primer momento su imposición por las contadas plazas que ofertaban ayuntamientos, ONG y centros penitenciarios para llevar a cabo estas tareas sociales, las condenas a TBC se dispararon en 2007 tras la reforma penal en materia de tráfico, con la que se pasó a tipificar como delito comportamientos al volante que hasta entonces eran considerados meras infracciones administrativas.
A raíz de las quejas del sector de ja judicatura por la escasez de plazas que abocaban a miles de sentencias a TBC a su prescripción, Instituciones Penitenciarias promovió en 2009 convenios para aumentar las vacantes. Entonces la oferta en Galicia se triplicó pasando de apenas 400 plazas en toda la comunidad a más de un millar.
Al menos 31 días y hasta un máximo de un año de trabajos comunitarios o programas formativos. Esa es la pena que deben cumplir los condenados por delitos leves que quieran evitar su traslado a una celda. El auge de tipo de condenas ha permitido la descongestión de los centros penitenciarios del país. En el caso de Galicia, los cinco penales cerraron 2019 con casi 3.200 presos, un 15% menos que hace cinco años. Este dato coloca los trabajos sociales dictados en la comunidad un 30% por encima de la población reclusa, con más de 4.200 penas alternativas de prisión emitidas el año pasado.
