La normativa que regula el teletrabajo de los funcionarios de la Xunta en la Administración general culminó ayer su último trámite y, por parte de los sindicatos, contó solo con el aval de la CIG. Las demás centrales, CSIF, UGT y CCOO, votaron en contra.
El nuevo protocolo permite que los empleados públicos trabajen desde casa como máximo la mitad del tiempo y que en las unidades administrativas como mínimo deberá estar el 40% de la plantilla. La vigencia será de tres años. La CIG justifica su apoyo en que el teletrabajo se "universaliza" frente al modelo vigente de 2013 y que el nuevo decreto permite "desbloquear" el teletrabajo en un momento en el que estaban "paralizadas" todas las peticiones.
Por su parte, los demás sindicatos alegan que las condiciones son más precarias que las que se firmaron en Madrid, que numerosos empleados quedan excluidos del teletrabajo o que se empeoran los requisitos en comparación con las de 2013.
