La Consellería de Facenda sacó pecho porque en 2021 se pagará por primera vez por debajo de los 100 millones en intereses financieros, aunque el próximo año se emitirá deuda por 685 que hará que los números rojos superen los 12.300. Pero las arcas autonómicas tienen otras hipotecas. Son los cánones y peajes a la sombra que anualmente se pagan a las empresas por financiar y explotar determinas infraestructuras públicas, como autovías. Estos pagos aplazados exigirán el desembolso de 2.335 millones de euros hasta el año 2040. Esa anualidad concluirá la liquidación de las obligaciones que tiene la Xunta por la concesión de obra pública o fórmulas de colaboración público-privada, donde la empresa adelanta el dinero para la ejecución y luego cobra un canon anual.
Por el momento, el Gobierno gallego no tiene intención de recurrir a esta fórmula. En 2021 no lo hará, según se recoge en el proyecto de presupuestos. Solo abonará los 141 millones que corresponden a la anualidad, para llegar a 2022 con 2.194 millones pendientes de abono. Siete son los contratos actualmente en vigor que se rigen por este sistema: las concesionarias que explotan las autovías Santiago-Brión, Celanova-Frontera con Portugal y Costa da Morte y las vías rápidas de O Salnés y Barbanza, la del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y un contrato de alta tecnología sanitaria. La mayor cuota anual corresponde al hospital vigués, con un pago en 2021 de 65,3 millones de euros. Le sigue la autovía Costa da Morte con 24,8 millones y la Santiago-Brión con 13,2.
