A la Xunta no le bastan las instrucciones de Fiscalía del Estado y del Ministerio del Interior para combatir las ocupaciones ilegales de viviendas, un fenómeno al que Galicia no es ajena y que ha ido en aumento en los últimos años. De hecho, la comunidad gallega protagonizó el mayor aumento de asaltos de pisos y casas durante el primer semestre del año pese a las restricciones de movilidad por el estado de alarma. Un total de 79 usurpaciones entre enero y junio registró el mapa residencial gallego, casi un 34% más que el mismo periodo del año pasado. Tras las reformas lanzadas por el Ministerio fiscal y el Gobierno central para permitir los desalojos sin necesidad de una orden judicial (es decir, sin tener que esperar a que se celebre un juicio) en aquellos casos “violentos” y que supongan una amenaza para los vecinos, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, emplaza al Ejecutivo a acometer las reformas legislativas necesarias para garantizar el fin de las ocupaciones y la sensación de impunidad que rodea este fenómeno. Desalojos inmediatos, sí; pero también penas de prisión para quienes cometan delitos de allanamientos y usurpaciones de viviendas.

Un ejemplo basta para conocer las irrisorias condenas a las que se enfrentan quienes asaltan una vivienda, ya sea el lugar de residencia o de veraneo de sus propietarios, y la convierten en su morada hasta que el juez dicta sentencia. 540 euros de multa para una pareja de okupas que vivió dos años en un chalé de lujo. Ante resoluciones como esta, que se repiten en los juzgados de todo el país, la conselleira de Vivenda apremió ayer el Gobierno de Sánchez a acometer una reforma legislativa “como solución duradera y eficaz no solo para finalizar con los casos de ocupaciones sino también con la sensación de impunidad”.

Durante su intervención ayer en el pleno del Parlamento para dar cuenta de las medidas y gestiones realizadas por su departamento para frenar la okupación en la comunidad, Vázquez puso el foco en el Ejecutivo central ya que es él quien “tiene las competencias para impulsar las reformas necesarias”. Esta reivindicación ya la planteó el pasado mes de junio al Ministerio en el seno de la Conferencia Sectorial de Vivienda, y fue reiterada el mes pasado al delegado del Gobierno en Galicia, en una reunión en la que también propuso la creación de una comisión bilateral para establecer canales de diálogo y colaboración para el seguimiento de las ocupaciones y que fue trasladada también al fiscal superior de Galicia.

Una de las medidas propuestas desde la Consellería al Observatorio Galego da Vivenda, según recordó Vázquez, fue la puesta en funcionamiento de un teléfono de atención al ciudadano para la información y el asesoramiento legal a los propietarios así como la realización de un mapa de viviendas okupadas en Galicia, con el objetivo de tener datos reales sobre el fenómeno y atajar este problema.

En su intervención, la conselleira destacó que en el fenómeno de las okupaciones va más allá de las estadísticas; sino que tienen un componente social muy marcado. “Esa es la verdadera preocupación de la Xunta, las personas que están detrás de cada número y las consecuencias que tiene para su vida”, explicó. El foco, apuntó, debe ponerse sobre el conflicto social que hay tras cada vivienda okupada, una situación que afecta a las familias que se ven afectadas, así como a los vecinos próximos, que sufren las consecuencias en su vida y los problemas de convivencia que genera.