El pacto entre el Gobierno central y ERC para impulsar una armonización fiscal, objetivo ya planteado en el pasado por los socialistas e incluso por un comité de expertos creado por el Ejecutivo de Rajoy, ha avivado el debate sobre la competencia entre comunidades para captar inversiones y habitantes gracias a su gancho fiscal. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se alineó con su partido al criticar el acuerdo por entender que deja en manos de los independentistas “manipular las políticas fiscales”, pero se alejó del ala dura popular al mostrarse favorable a armonizar impuestos a la baja.

Este melón fue abierto por primera vez en 2017 por parte de la entonces presidenta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, que se quejó de las ventajas fiscales de Madrid en tributos como Patrimonio o Sucesiones, beneficiándose del efecto imán de la capitalidad y de la atracción como sede empresarial, potenciado por la configuración de la red de transportes radial en torno a esta comunidad. Ese mismo año, un comité de expertos creado por el Ejecutivo de Rajoy abogó por “restringir la capacidad normativa autonómica a las escalas de gravamen y a posibles deducciones o bonificaciones de la cuota” en los impuestos transferidos y estudiar “la posibilidad de introducir topes máximos y/o mínimos de gravamen efectivo en ciertos impuestos patrimoniales”.

Hace dos años, al poco de llegar a Moncloa, el Gobierno del PSOE abogó por eliminar las rebajas fiscales aplicadas por Galicia a las herencias que habían beneficiado a 161.000 gallegos, al eximir de cargas a legados inferiores a 400.000 euros. Quería un tipo fijo para todas las autonomías. Una subida impositiva generalizada o el establecimiento de márgenes superiores a los actuales pondría en riesgo esa exención fiscal en Galicia, que hizo descender la recaudación un 40%.

El asunto resucitó hace dos días cuando Gabriel Rufián (ERC) anunció un acuerdo para dar su apoyo a las cuentas del Gobierno central para 2021 a cambio de varias prerrogativas, entre ellas combatir el “paraíso fiscal” de Madrid, que compite de forma desleal con el resto de comunidades mediante grandes rebajas fiscales, continuó. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió establecer horquillas impositivas y la tormenta se desató.

El PP salió en tromba a criticar lo que considera nueva cesión a los socios del Ejecutivo y a defender al gobierno autonómico de Madrid, buque insignia de los populares en su cruzada contra Moncloa. Pablo Casado, líder del PP, avanzó una “batalla” contra los intentos de subir impuestos. “Las comunidades autónomas donde gobierna el PP van a seguir bajando impuestos, porque se crea más empleo, se recauda más y recaudando más se puede tener mejores colegios, mejores hospitales y mejores servicios sociales”, declaró sobre un debate ideológico en el que la izquierda cree que una rebaja excesiva de impuestos debilita el Estado del Bienestar y perjudica a las rentas bajas. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), no escatimó vehemencia: “Seré la peor pesadilla de quien quiera tocar el bolsillo de los madrileños para pagar la fiesta al independentismo”.

Feijóo rebajó ayer el tono. “Armonizar no tiene por qué ser subir, armonizar puede perfectamente bajar, y armonizar con unas horquillas de impuestos transferidas por el Estado a las comunidades para bajar a nosotros nos interesa”, defendió a preguntas de la prensa tras la reunión semanal de su Gobierno. Rechazó la “imposición” de Esquerra y que la armonización se realice a costa de subir impuestos, si bien en el pasado ya alertó de la competencia para Galicia no solo de la menos presión fiscal de Madrid, sino de Portugal. El pacto con ERC, dijo, pretende “manipular las políticas fiscales”.

En su opinión, debe mantenerse margen de actuación dentro de unos límites “máximos y mínimos”, permitiendo mayor autonomía para las comunidades saneadas, pero no forzar subidas impositivas porque “a Cataluña no le llega”

Su postura fue apoyada por otros barones del PP. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, criticó que una fuerza “independentista quiera condicionar al resto de comunidades la autonomía fiscal” y pidió que “si se quiere equiparar, que se equipare por abajo” y se bajen en Cataluña. “Siempre debe ser a la baja y nunca al alza”, añadió su homólogo murciano, Fernando López Miras, misma postura que el castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco.

Rebajas del 50% al 100% de impuestos en la compra de inmuebles para empresas

La Xunta repetirá la estrategia de la legislatura pasada, en la que impulsó una ley de impulso de la inversión relajando trámites para poner en marcha negocios. Ahora, usará la vía del PP para acelerar la aprobación de un nuevo texto legal en el Parlamento de espíritu similar, que pretende “cambiar la cultura administrativa” y que incluirá incentivos fiscales. Se rebajará el pago de impuestos autonómicos para la compra o transmisión de inmuebles vinculados a iniciativas empresariales. Será del 50% en las ciudades y del 100% en áreas rurales o poco pobladas, según avanzó ayer Feijóo. El texto estará listo para entrar en vigor en marzo, cuando España reciba los fondos europeos de recuperación, parte de los cuales derivará a las comunidades. Para su inversión y gestión, la nueva ley determinará normas para planificar e invertir ese dinero. La administración gallega fijará un plazo general de tres meses para emitir sus informes respecto a proyectos empresariales, salvo que la legislación estatal determine mayores tiempos. Pasado ese plazo, el silencio administrativo se considerará positivo. Por ejemplo, se pretende rebajar un tercio los plazos para obtener licencias de edificación y rehabilitación y se aspira a que los ayuntamientos concedan permisos en plazos de 15 a 30 días recurriendo a empresas certificadoras para acelerar tiempos. Además, la administración pedirá la emisión de informes sectoriales de forma simultánea para agilizar los tiempos, lo que generará “estrés y tensión” entre el personal autonómico, según Feijóo. Este reconoció que se deberá acudir a empresas privadas para asumir el aumento de carga de trabajo en un primer momento. La Xunta también prevé mejorar la información para poner en marcha un proyecto empresarial. Publicará catálogos por sectores de actividad que recogerán un listado de trámites necesarios.