El Gobierno gallego revisará el decreto de 2010 en el que se regulan los obligatorios planes de identificación y prevención de riesgos, así como las actuaciones a seguir en caso de producirse una emergencia, para una larga de lista de actividades, establecimientos, espacios, instalaciones, estaciones de viajeros o infraestructuras de transporte. En esta actualización de la norma, que está en fase de borrador con la previsión de aprobarse en los próximos meses, se introducirán algunas novedades que intensificarán los sistemas de control, por parte de los organizadores, en las actividades o eventos en las que se produzca una aglomeración de público. Así, en los actos que reúnan a más de 2.000 asistentes se deberá contar con el “personal oportuno” para vigilar e identificar las emergencias y para garantizar su evacuación ordenada o su confinamientos, según la necesidad del momento.

En caso de que se superen las 5.000 personas, ya sea en un recinto abierto delimitado o sin vallas —o cualquier otra barrera que lo acote—, entonces “será condición indispensable para poder celebrarse el evento” que los organizadores habiliten un puesto de mando avanzado que “garantice el mando único y la coordinación con los servicios públicos y privados de intervención, seguridad y sanitarios y en permanente contacto con el 112 en el caso de una emergencia”.

Esta exigencia no afectará a ferias y mercados tradicionales, puesto que se realizan en espacios abiertos no delimitados, mientras no se superen los 10.000 participantes, una cifra muy difícil de superarse, según la Xunta, salvo en ocasiones excepcionales.

Esas dos medidas, según fuentes de la Consellería de Presidencia, constituyen las dos principales novedades de una norma que convenía revisar después de diez años de estar en vigor. “El conocimiento de riesgo y su percepción por la ciudadanía, en la sociedad tecnológica actual, facilitan la puesta en marcha de políticas activas que minimicen el riesgo o prevean la respuesta en caso de materializarse el peligro. La gestión y control de los riesgos requiere de la implementación de una serie de medidas preventivas, no solo para el caso de grandes desastres o catástrofes, sino también en otros peligros más habituales, creando una cultura social en la que la seguridad se manifiesta como un derecho y un deber de los ciudadanos”, se explica en la exposición de motivos.

Con estas nuevas medidas se quieren minimizar los riesgos que puedan afectar a los asistentes, así como obligar a los organizadores a contar un operativo de personal encargado de dirigir al público en caso de registrarse una emergencia, como un fenómeno meteorológico (tormenta, rayos...), una avalancha, un desmayo o una caída, o cualquier incidencia que pudiera producirse en el escenario, la carpa u otra instalación que forme parte del montaje.