El pasado mes de enero entró en vigor la ley que obliga a los ayuntamientos a tomar medidas para garantizar el abastecimiento de agua de la población y a elaborar planes de contingencia contra la sequía, además de capacitar a la Xunta a desarrollar acciones especiales en caso de emergencia.

Entre los objetivos figura el reducir las fugas que se producen en las traídas municipales, para lo que, primero, los ayuntamientos deben evaluar cuánta agua se pierde por las canalizaciones, instalando contadores.

Para que los concellos no asuman todo el coste de esta obligación, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade contará en los presupuestos de 2021 con una ayuda de 400.000 euros. Con estas subvenciones se quiere cofinanciar la adquisición e instalación de equipos para medir el caudal que se fuga por las redes de abastecimiento.

Cuarta parte

Se calcula que algo más de la cuarta parte del agua destinada a consumo urbano que se distribuye por las redes de suministro acaba en ninguna parte. No llega a los grifos porque se filtra por roturas, grietas o averías causadas por obras. Según los últimos datos del INE, las fugas de agua registradas en Galicia en un año permitirían abastecer a comunidades como Andalucía, con el triple de población que la comunidad gallega, durante todo un mes o a Cantabria, con la cuarta parte de habitantes, durante todo un año.

La ley prevé, a modo de penalización, aplicar el canon del agua a los concellos cuando las fugas superen el 20%, tasa que actualmente no pagan. ¿Y cómo se miden las pérdidas? Pues la norma establece que los titulares —o sea, los ayuntamientos—, tendrán que instalar contadores homologados en los puntos de captación y en los puntos de suministro, para así calcular el volumen de agua que se escapa por las canalizaciones.

Y esta intervención es precisamente la que subvencionará la Xunta con 400.000 euros en 2021.

A esta línea de ayudas se sumará otra dotada con 1,5 millones que estará destinada a los concellos para ejecutar obras que permitan mejorar las infraestructuras de abastecimiento, fundamentalmente en el rural. Con el mismo fin, pero dedicados a las comunidades vecinales con traídas propias, se habilitarán otros 500.000 euros.

Luego se establecerá otra ayuda de 200.000 euros para un plan piloto de abastecimiento autónomo y un cuarta de 350.000 para cofinanciar los planes para paliar los episodios de sequía que tienen que redactar los ayuntamientos, proceso en el que están inmersos actualmente 40 municipios.