La guerra de ofertas tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria llegó a tales niveles en Galicia que tanto pequeñas como grandes empresas concurrían con unos proyectos que no llegaban ni para cubrir costes. En algunas ocasiones, las rebajas llegaron a situarse hasta un 40% por debajo del precio de licitación de una obra sacada a concurso. Pasados los años más duros de la crisis, esta batalla por los codiciados contratos de las distintas administraciones se dio por terminada, hasta frenar el año pasado las rebajas medias en el conjunto de la comunidad gallega al 16%. Pero en la provincia de A Coruña no fue hasta este pasado mes de septiembre cuando ayuntamientos y constructoras quedaron blindados por ley para evitar bajas temerarias y se lograron reducir esas ofertas a la baja por debajo del 18%. Tras más de siete años de presión por parte del sector en la provincia, la Diputación de A Coruña, administración de la que dependen el grueso de las obras locales en la provincia, aprobó finalmente unos nuevos pliegos de contratación que incluyen otra fórmula de cálculo para las ofertas a la baja con el objetivo de garantizar la equidad “precio-calidad”. Un estudio realizado por la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco) pone cifras al impacto de esa reforma en el sector: la pérdida 21,5 millones de euros desde 2013 por esas rebajas en las ofertas y el freno a la creación de 800 puestos de trabajo.

El nuevo sistema de cálculo, según destacan desde la patronal de la construcción de A Coruña, liderada por Diego Vázquez Reino, ha dado “un balón de oxígeno” a las empresas del sector, ya que tiene en los nuevos pliegos de contratación se tiene como referente el presupuesto medio de los proyectos presentados.

La comparativa de los ayuntamientos coruñeses con la media autonómica revela la alta tasa de bajas temerarias en la provincia: en Galicia las bajas en las adjudicaciones el año pasado alcanzaron el 16%, mientras que en los concursos de las administraciones coruñesas fue de casi el doble (28,20%) y en el periodo de 2020 anterior a la aprobación de los nuevos pliegos se situó en el 30,43%. Pero ese porcentaje se llegó a superar en los ejercicios 2017 y 2016, los que protagonizaron una mayor rebaja sobre los precios de licitación de obra pública en la provincia, con un -38,43% y un -35,78%, respectivamente.

Según detalla el informe del sector de la construcción en la provincia, las adjudicaciones de obra pública de la Diputación desde el año 2013 alcanzan los 101,2 millones de euros. De haberse aplicado estos proyectos los nuevos criterios de contratación, el sector hubiese recibido en estos más de siete años 122,7 millones, según cálculos de Apecco. Es decir, 21,5 millones más de los percibidos. Con este dato, cifra además los puestos de trabajado que no se pudieron crear en este periodo en 800.

Desde la patronal coruñesa hacen una llamamiento a todas las administraciones para que promuevan la valoración de ofertas que “contemplen la mejor relación calidad-precio” y así “ayudar a recuperar un sector productivo tan importante de nuestra economía, como es la industria constructiva”.

El sector de la construcción, destaca Apecco, puede en esta crisis derivada de la pandemia en “uno de los tractores de la economía”, pero para ello —advierte— es “vital” generar “la estabilidad y rentabilidad” en los proyectos.