Propietarios que se ven obligados a acudir a los tribunales y conflictos vecinales que acaban en amenazas e incluso agresiones. Son las consecuencias de las cada vez más habituales ocupaciones ilegales de viviendas que proliferan en todo el país y que dejan en la mayoría de los casos un proceso judicial que dura meses y grandes facturas en desperfectos, así como ahuyentan de esos barrios a nuevos inquilinos en busca de una vivienda, ya sea para comprar o alquilar. Galicia no es ajena al fenómeno okupa. Y aunque las usurpaciones de viviendas denunciadas en la comunidad gallega apenas representan un 0,16% del conjunto de las infracciones penales, quienes las sufren se sienten desamparados por el tedioso proceso en los juzgados del que muchos desisten por temor a las represalias de sus nuevos inquilinos. Para atender a las víctimas de ocupaciones, la Xunta y el Consello da Avogacía Galega firmaron ayer un convenio para activar un teléfono de asesoramiento gratuito sobre los trámites administrativos y judiciales a seguir.

A partir del lunes, abogados de toda Galicia harán turnos para atender de lunes a sábado todas las consultas recibidas, que se podrán hacer llamando al número de teléfono 900 121 221 o cubriendo un formulario en línea con sus dudas y preguntas.

En los primeros nueve meses del año, los tribunales gallegos registraron 73 demandas por estos hechos, frente a las 99 de los mismos meses del año anterior, lo que supone un descenso del 26,2% respecto al mismo periodo del año pasado. Una tendencia que se puede atribuir al intento de los propietarios de llegar a un acuerdo con los ocupantes para evitar el largo proceso judicial. Con el fin de evitar que estos casos se eternicen en los juzgados y tratar de que los dueños recuperen su vivienda, las Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior aprobaron el pasado mes de septiembre sendas instrucciones con el fin de garantizar el desalojo sin necesidad de ir a juicio en aquellos casos violentos y que supongan una amenaza para la convivencia con los vecinos.

“Hoy podemos dar un balón de oxígeno a los afectados por casos de ocupación ilegal de viviendas, que tendrán un punto de información para saber cómo actuar y los trámites que deben hacer, sin que esto les suponga coste alguno para ellos”, declaró ayer conselleira Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, tras la firma del convenio entre el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y el Consello da Avogacía Galega (CAG) con el que durante un año se garantizará asesoramiento especializado y gratuito. De este modo, la Xunta compromete una partida de 27.000 euros para sufragar los costes del servicio mientras que el CAG aportará los profesionales necesarios para atender por turnos todas las consultas que se reciban, tanto por teléfono como vía online.

La atención por teléfono se prestará a partir del lunes a través del número 900 121 221, que estará operativo entre semana en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Además, se pondrá en marcha un servicio de atención en línea, de manera que los interesados podrán enviar sus consultas y preguntas cubriendo un formulario web, que será contestado vía correo electrónico por el letrado de guardia en un plazo máximo de 48 horas.

Para tratar de frenar el fenómeno okupa en Galicia y dar una solución a los afectados, dentro de las competencias que tiene la Xunta ya que los cambios legislativos corresponden al Gobierno central, el departamento que dirige Ángeles Vázquez también trabaja en la elaboración de un mapa gallego de viviendas ocupadas con el apoyo de los agentes de la propiedad inmobiliaria y de los administradores de fincas. Además, ultima una propuesta de reforma legislativa avalada por expertos penalistas y de la Universidade de Santiago que será presentada en breve, con el fin de trasladársela al Estado e instarlo a que, como administración competente en la materia, “garantice un nuevo marco jurídico eficaz, definido y duradero” frente a las ocupaciones de viviendas.