“Cerrado” o “Se alquila”. Cada vez más carteles como estos cuelgan en locales comerciales de toda la geografía gallega. A las jubilaciones en la mercería, la ferretería o la tienda de ultramarinos de toda la vida, se han sumado en los últimos meses las persianas bajadas en miles de bares, restaurantes y pequeños comercios, algunos de manera temporal pero otros ya definitiva, ahogados por la crisis económica sin precedentes provocada por el estallido del coronavirus. El COVID elevó a 7.000 los bajos comerciales vacíos, un 40% más que hace un año. Para tratar de salvar a hosteleros y comerciantes, el Gobierno aprobó esta semana un plan de rescate con rebajas en el alquiler del 50% cuando el inmueble pertenezca a un gran tenedor (más de 10 propiedades). En Galicia, apenas beneficiará al 2% de la restauración y del comercio —en concreto, ni al 1% del sector hostelero (en la comunidad son más de 30.000 los bares y restaurantes) y a menos del 3% del comercio (más de 35.000)—. “Vergüenza”, “insulto”, “tomadura de pelo”, “insuficiente”... Son las reacciones que resumen no solo el malestar, sino el “cabreo” de los afectados por una medida que no era la esperada ya que la solución —advierten— pasa por ayudas directas. Esta rebaja, según coincide la patronal inmobiliaria, se limitará casi en exclusiva a los centros comerciales, y en concreto a las ciudades de A Coruña y Vigo, concentran el mayor número.
Nada más conocer el paquete de medidas del Ejecutivo central, los hosteleros gallegos se han puesto en pie de guerra y el lunes de la próxima semana mantendrán una reunión a nivel nacional para fijar un calendario de movilizaciones en el que reclamarán la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Las ayudas aprobadas no son tales ayudas; es una rebaja de los alquileres para los grandes tenedores; es una vergüenza y una tomadura de pelo”, denuncia Héctor Cañete, vicepresidente del Clúster Turismo de Galicia y presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña. La situación para el sector, advierte, ya era “límite”, por lo que ya han sido muchos los bares y restaurantes que en los últimos meses echaron el cierre. Pero este plan de rescate, según augura Cañete, ha sido un “punto de inflexión” y conllevará una oleada de cierres. “Cada uno tuvo el fondo físico que pudo, pero ahora vamos cayendo por el abismo. El agua nos sube al cuello a todos y muchos no estamos para aguantar una nueva ola”, concluye Cañete. Ante esta situación, anuncia que el lunes se mantendrá una reunión del sector para el conjunto del país en la que se decidirá un plan de acción, al que se adherirá la hostelería gallega. “Se pedirá la dimisión de Pedro Sánchez y se hará un calendario de movilizaciones”, avanza.
Desde la Federación Gallega del Comercio, califican de “insuficiente” el plan de rescate del Gobierno. “Pese a que toda medida paliativa es bienvenida, teniendo en cuenta el complejo contexto actual y las previsiones a medio plazo, el plan de apoyo resulta insuficiente y llega tarde”, sentencia su presidente, José María Seijas. Los comerciantes echan en falta ayudas directas. “Es una de nuestras principales reivindicaciones, y tal y como están haciendo en otros países de nuestro entorno. Esta es la única forma de garantizar la continuidad de las pymes, micro-pymes y autónomos del sector del comercio que se han visto más seriamente afectados por el impacto de la crisis derivada de la COVID”, reclama el presidente del sector del comercio gallego.
La cuantía de las ayudas, según apunta Seijas, resulta muy escasa para el conjunto de los afectados. Pese a que algunas están encaminadas a dotar de liquidez a los comercios —cuestiona— se plantean “a costa de afrontar un endeudamiento que con las perspectiva de futuro que hay actualmente, con una actividad muy inferior a la deseada, resultarán poco eficaces para las empresas al no poder hacer frente a las obligaciones derivadas”.
Además de la rebaja en el alquiler del 50% para los grandes tenedores, otra opción que ofrece la nueva normativa es que los hosteleros y comerciantes puedan solicitar una moratoria en el pago mensual del alquiler de su local. Para ello deben negociar con el propietario cómo devolverlo durante los próximos dos años. Esta medida se podrá solicitar hasta el 31 de enero, y estaría vigente durante el estado de alarma, hasta mayo, y hasta los cuatro meses posteriores al final de esta medida extraordinaria.
El sector inmobiliario denuncia el intervencionismo
Más inseguridad jurídica, intervención del mercado y efecto dominó en pequeños locales comerciales. Son las consecuencias, según advierten los empresarios inmobiliarios, que acarrea el plan de rescate al sector hostelero y del comercio aprobado esta semana por el Gobierno central. El presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, critica la falta de ayudas directas para salvar a bares, restaurantes y pequeño comercio y lamenta la “desigualdad brutal” que supone la medida entre arrendatarios de pequeños propietarios y de grandes tenedores. “Su apoyo sale del sector privado”, cuestiona Iglesias, al tiempo que denuncia que el mecanismo habilitado por el Ejecutivo crea más inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario y “lamina” la propiedad privada “interviniendo de facto hasta” los importes pactados mediante contrato público de arrendamiento entre dueños e inquilinos. La patronal inmobiliaria reclama ayudas directas para ambos sectores. Y cita, como por ejemplos, la moratoria automática, con ampliación de los periodos de carencia de la devolución de los principales créditos y la extensión, como mínimo hasta junio de 2021, o la aplicación de los ERTE aumentando la cobertura y simplificando la gestión, así como la derogación la cláusula del mantenimiento del empleo en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad y el impulso de acciones de reactivación de la demanda. “Ha optado por descargar toda su responsabilidad en el sector privado, penalizándolo en plena crisis, aunque de momento sea de propietarios con más de 10 arrendadas, lo que afecta de lleno a los centros comerciales, y sobre todo a las ciudades de A Coruña y Vigo que concentran el mayor número de centros y áreas comerciales”, critica. “En definitiva —concluye— es una medida populista e intervencionista que solo contribuye a generar más inestabilidad, desconfianza e inestabilidad entre arrendadores y arrendatarios”.
