El turismo gallego vive un año negro. El COVID ha hundido las reservas en la comunidad a mínimos históricos y las ayudas autonómicas suponen un balón de oxígeno a su delicada situación económica pero para muchos no son suficientes para sobrevivir a la crisis provocada por el estallido de la pandemia. A los números rojos que deja el coronavirus en los establecimientos turísticos de la comunidad, se suman los expedientes abiertos por la Xunta por las irregularidades detectadas durante las inspecciones rutinarias. Hasta un total de 239 infracciones fueron detectadas por los inspectores de Turismo del Ejecutivo autonómico en los primeros once meses del año, lo que se traduce en una media de 20 cada día, según datos de la Vicepresidencia Primera, Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. El importe de las sanciones por las infracciones detecta das va de un simple apercibimiento (900 euros) hasta la reclamación de entre 9.001 y 90.000 euros por incumplimientos muy graves. Las irregularidades tipificadas graves están penalizadas con el pago de entre 901 y 9.000 euros.

Con este control sobre los establecimientos turísticos en la comunidad, la Xunta se propone regular el sector y vigilar que las empresas cumplen la norma y ofrecen un servicio de calidad. Carecer de la documentación obligatoria, intrusismo profesional o alojar o dar un servicio a más personas de las que están permitidas en este establecimiento son las infracciones más habituales que derivaron en la apertura del correspondiente expediente sancionadora en la comunidad.

Entre enero y noviembre, se practicaron más de 1.200 actuaciones por parte de los inspectores de Turismo en la comunidad que derivaron en 239 expedientes incoados. Es decir, en uno de cada cinco controles se detectó alguna anomalía. La mayoría de las intervenciones en establecimientos turísticos en lo que va de año se practicaron en las provincias de Pontevedra (383) y Lugo (313). Por debajo de las barrera de las 300 actuaciones se quedan Ourense (298) y, finalmente, A Coruña.

Sin embargo, el rastreo de los inspectores de Turismo en los locales de toda la comunidad sitúa al provincia coruñesa a la cabeza de las irregularidades destapadas pese a contar con la cifra más baja de controles practicados. En estos once meses, se abrieron 114 expedientes a locales turísticos coruñeses, casi la mitad de los incoados en toda Galicia. En concreto, un 47%. A lo largo de estos once meses se resolvieron 104 expedientes de establecimientos coruñeses (60 de carácter leve, es decir con un apercibimiento de hasta 900 euros, y otros 44 de carácter grave, que acarrean sanciones de hasta 9.000 euros).

Lejos de las cifras los expedientes incoados en A Coruña se colocan el resto de provincias gallegas: 46 en Ourense, 41 en Pontevedra y 38 en Lugo. En esta última se han resulto en los primeros once meses de 2020 un total de 35 casos tramitados, 25 leves y los 10 restantes graves. De los expedientes abiertos a establecimientos de turismo en Pontevedra, en 30 ya finalizó el proceso que derivaron en 24 infracciones graves y seis apercibimientos leves. Y, finalmente, Ourense, con 20 expediente resueltos, de ellos once leves y los 9 restantes, graves. En total 189 expedientes resueltos entre enero y noviembre en el conjunto de la comunidad, algunos de años anteriores, ya que la ley establece un plazo de hasta dos años para evaluar cada caso. Casi la mitad —un total de 89— fueron por infracciones de carácter graves, casi la cuarta parte (23%) en locales de la provincia de A Coruña.

La mayor parte de las sanciones interpuestas tiene que ver con la documentación obligatoria que se requiere a este tipo de establecimientos, infracción de carácter leve. Mientras que las graves son, en su mayoría, por intrusismo profesional o por el concepto de modificaciones sustanciales, como por ejemplo, alojar o dar un servicio a más personas de las que tiene establecido el local.

Las quejas de vecinos, detrás de una de cada diez inspecciones de viviendas vacacionales

Desde que en mayo de 2017 entró en vigor el decreto que regula el alquiler de pisos turísticos, la Xunta peina los portales online y recorre Galicia de norte a sur, en especial las zonas con más afluencia de viajeros, para velar por el cumplimiento de la normativa. Turismo trata de evitar competencia desleal con el resto de alojamientos turísticos, por lo que comprueba si esas viviendas están dadas de alta en el registro de actividades y que cumplen con todos los requisitos establecidos en el decreto autonómico. En lo que va de año, los inspectores de Turismo de la Xunta realizaron un total de 48 visitas a viviendas turísticas. La mayoría fueron actuaciones de oficio, según destacan desde el Ejecutivo autonómico. Tan solo cinco (el 10,4%) fueron resultado de reclamaciones. En los primeros once meses del año, la Xunta abrió seis expedientes a pisos de uso turístico y resolvió tres. Los tres resueltos son de inspecciones realizadas el año pasado y derivaron en sanciones de carácter leve. Hace un año, el sector hotelero advertía a nivel nacional que ni las trabas legales puestas en marcha por las distintas administraciones ni las multas estaban siendo suficientes para poner coto al crecimiento de los pisos de uso turístico. Desde Exceltur reclaman que se “resuelva y regule definitivamente con la mayor valentía política, coordinación institucional y legislativa posible, la aún descontrolada eclosión de las viviendas turísticas”. Y es que, según denuncian, este tipo de alojamientos generan “crecientes problemas asociados a la turistificación: expulsión del residente y banalización de los barrios” y además —cuestionan— “afectan a la reputación social de todo el sector”.