Si el coronavirus lo permite, hoy comenzará el juicio más largo y con más acusados en los últimos años en la Audiencia Provincial de Ourense, la operación Zamburiña. En ella se encuentran acusados nueve traficantes de drogas y cuatro agentes del cuerpo de Policía Nacional que supuestamente colaboraban con ellos durante el año 2015 en la ciudad.
El juicio está previsto que arranque a las diez de la mañana, pero el coronavirus puede alterar la planificación, porque uno de los narcotraficantes acusados ha notificado que ha dado positivo por COVID y su defensa solicitará hoy el aplazamiento del juicio. Así que tras la constitución del tribunal, esta misma mañana, se decidirá si se prosigue con el procedimiento según el calendario o se busca una nueva fecha. Los trece acusados se enfrentan en conjunto a penas que suman 100 años de cárcel por presuntos delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos o tenencia ilícita de armas atribuidos en distintos grados.
A los traficantes, la Fiscalía los acusa de delitos de pertenencia a grupo criminal y tráfico de droga solicitando penas de hasta 13 años. Por su parte, los agentes, todos del grupo de estupefacientes de la comisaría de Ourense, se enfrentan a diversas peticiones: tres de ellos, a delitos contra la salud pública, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos con penas de hasta 7 años y 9 meses de cárcel y el cuarto, a revelación de secretos, por la que se solicita una multa de 5.400 euros. Los cuatro podrían ser inhabilitados.
Según recoge la documentación judicial, “se puso de manifiesto cómo varias personas se dedicaban a traficar en la ciudad de Ourense con sustancias estupefacientes contando para ello con la aquiescencia y protección de varios agentes de la Policía Nacional”.
Para ello, los hechos se remontan a los escritos anónimos remitidos a Asuntos Internos presuntamente por dos policías gemelos y un agente que apareció muerto en el 2016. La detención por la relación con el envío de anónimos, el robo de armas en el búnker de la Policía Nacional de Ourense en agosto del 2014 y el fallecimiento del agente puso el foco en la investigación. Así, en noviembre del 2015 detuvieron a miembros del departamento de estupefacientes y a narcotraficantes de mediana y pequeña escala.
A lo largo de las sesiones, distribuidas en dos semanas y media, están citados a declarar un total de 109 testigos entre las propuestas del Ministerio Público y las de las 11 defensas. El primero será el responsable de Asuntos Internos que investigó la operación Zamburiña en coordinación con la Fiscalía. En total habrá declaraciones de 28 funcionarios del Departamento de Asuntos Internos y están citados policías de distintas unidades de la comisaría ourensana y también de la de Pontevedra.
