El Parlamento pasará a fiscalizar mensualmente las operaciones financieras de la Xunta, y el Ejecutivo autonómico también le tendrá que dar cuenta, cada trimestre, de “la relación, porcentaje y clase de participación” que mantenga con cualquier sociedad mercantil. Así lo recogerá el proyecto de ley de los presupuestos gallegos tras pactar el PP dos enmiendas presentadas por BNG y PSdeG.