Un juzgado ourensano acaba de ordenar que se investigue si la Diputación de Ourense pudo incurrir en un presunto delito de prevaricación por adquirir mobiliario urbano —marquesinas y bancos— en el año 2011, de forma irregular, cuando la institución provincial estaba gobernada por José Luis Baltar Pumar, padre del actual presidente.

En la resolución facilitada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el magistrado sostiene que la Diputación no sólo se ha beneficiado “de una forma grosera de unos suministros encargados a dedo, sin presupuesto, contrato o formalidad alguna y, lo que es más grave, saltándose la normativa en materia de contratación, impidiendo que otras empresas pudiesen presentar sus propuestas”, sino que tampoco “hizo contrato alguno”.

Todo ello “pese a que se los suministros encargados han supuesto para el erario público cientos de miles de euros”, abunda el fallo dado a conocer ayer.

El magistrado advierte de que “ni siquiera se ha tratado de eludir la aplicación de la normativa acudiendo a sucesivos contratos inferiores al mínimo legal para esquivar, en fraude de ley, la aplicación de la normativa contractual, sino que no se hizo contrato alguno, pese a que los suministros encargados han supuesto para el erario público cientos de miles de euros”.

Por todo ello, concluye que procede deducir testimonio de particulares al Ministerio Fiscal por si, en el caso de que no se estimase prescrito, se pudiese apreciar la comisión de un delito de prevaricación.

Además, el juzgado contencioso-administrativo condena a la diputación a abonar 193.093 euros al particular que le suministró bancos y marquesinas en 2011. La Administración reconoció que recibió el mobiliario urbano, pero alegó que no lo pagó porque el presupuesto no había sido aceptado previamente.

El magistrado ha estimado el recurso “a fin de evitar un enriquecimiento injusto por parte de la Diputación, que ha percibido los bancos y marquesinas y, sin embargo, no ha abonado su precio”. Contra la sentencia cabe recurso de apelación en el término de los 15 días siguientes ante la sala contencioso administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.