Desde hace meses, el sector agroganadero están expectantes ante los criterios que Gobierno central y comunidades fijen sobre el reparto de los fondos europeos y confían en que Galicia salga mejor parada que del presupuesto actual. Solo en la comunidad gallega son más de 27.000 los agricultores y ganaderos que dependen de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), un capítulo que según estimaciones de los sindicatos acarrearía para el rural gallego un recorte de 200 millones. En la antesala de las negociaciones, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se reunió ayer en Santiago con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para plantearle la prioridades de la comunidad. Tras el encuentro, en el que ambos comparecieron juntos, Feijóo anunció que Galicia está en contacto con el resto de comunidades de la cornisa cantábrica para “trasladar al Ministerio una propuesta lo más cerrada posible” para que tenga en cuenta los intereses del norte. “No es ir en contra del Ministerio, no. Es explicarle al ministro, que tiene que atender a 17, que hay cuatro o cinco comunidades que están de acuerdo. Eso facilita la interlocución”, detalló.

Por su parte, Planas destacó que la agricultura familiar, que en Galicia es una parte “importante” de la actividad, es precisamente “el epicentro” de la nueva PAC y su aplicación en España, al tiempo que ha comprometido que se mantendrán las ayudas asociadas al vacuno de carne y de leche. Feijóo propuso que se mantengan también “para el ovino y caprino” con una dotación “semejante” al periodo 2014-2020.

La gran novedad de la PAC son los llamados ecoesquemas —pagos por cumplimiento de criterios medioambientales— que pretende “hacer a los ganaderos y agricultores partícipes en la conservación del medio”, según los definió el ministro. Sobre estos, Feijóo le trasladó la necesidad de que tengan en cuenta la prevención de incendios y la modulación de la ayuda por el tamaño de las explotaciones.

En relación a las ayudas al desarrollo del rural, Feijóo incidió en que el reparto de los fondos entre las comunidades contemple factores como el volumen del empleo agrario, la superficie forestal, la población rural, su dispersión y su envejecimiento, todas ellas cuestiones que se plasmarán en un documento con criterios “técnicos” elaborado junto con las tres universidades gallegas.